Salario mínimo 2026: Petro firma decreto con aumento del 23,7% tras fallo del Consejo de Estado
El presidente de la República, Gustavo Petro, firmó este jueves el nuevo decreto que establece el salario mínimo para el año 2026 con un incremento del 23,7 por ciento. Esta cifra corresponde exactamente a la misma alza contenida en el decreto del año anterior, que había sido suspendida provisionalmente por un fallo del Consejo de Estado, el cual exigió una justificación más detallada de los parámetros utilizados para su determinación.
El Gobierno Nacional acató plenamente la decisión judicial, manteniendo la misma remuneración que había decretado en diciembre pasado. Por su parte, un bloque importante de empresarios accedió igualmente a conservar dicha remuneración, considerando que los más de 2,4 millones de trabajadores y sus familias que actualmente la reciben ya la han incorporado a sus economías domésticas.
Respeto a los métodos institucionales
Es fundamental destacar, desde el principio y en aras de una justa claridad, que nadie se opone al derecho de estos trabajadores a un incremento que mejore su calidad de vida y promueva mayor equidad social. Este punto no está en discusión y sería mezquino cargar con críticas injustas a quienes plantean discusiones técnicas sobre el tema. Sin duda, es deseable que exista mayor poder adquisitivo para la población.
Sin embargo, el hecho de mantener el aumento del 23,7 por ciento no significa que las alertas que se activaron cuando se anunció el primer decreto hayan desaparecido automáticamente. Los análisis sobre los diversos efectos negativos del alza –como la posible pérdida de cientos de miles de empleos formales, las presiones inflacionarias y los impactos en pensiones y vivienda social– siguen completamente vigentes y requieren atención continua.
Riesgos para la economía y el empleo
En este caso particular, no solo era necesario consultar las realidades del mercado laboral, sino también respetar escrupulosamente los métodos institucionales para llegar a una cifra que, preferiblemente, debería establecerse por consenso. De lo contrario, existe el riesgo de que esta medida se convierta en un búmeran perjudicial para los mismos trabajadores y represente un duro golpe a la lucha contra la informalidad laboral en Colombia.
Este asunto, dada su trascendencia en todos los niveles de la economía nacional, no depende exclusivamente de la Casa de Nariño. Por ello, el Consejo de Estado, en su intervención sobre este tema tan delicado, se ha ceñido estrictamente al Estado de derecho, y eso es precisamente lo que corresponde acatar por todas las partes involucradas. Lo que ha prevalecido en este proceso, y así debe entenderlo la Nación, es el respeto a la institucionalidad democrática.
Llamado a la concertación y al diálogo
Del primer mandatario se espera que sus llamados, en lugar de dirigirse a convocar movilizaciones callejeras, deberían orientarse prioritariamente a buscar acuerdos y consensos con los diversos actores sociales. No hacerlo implica continuar por el sendero ríspido de la división y la confrontación, en lugar de transitar por el camino de la concertación, basada en mediciones más sociales y económicas que partidistas o electorales.
Por esta razón, aunque por el momento el aumento del salario mínimo se mantiene vigente, no está de más alertar al Gobierno Nacional y al presidente Petro sobre sus constantes invitaciones a llamar a las calles, especialmente para controvertir decisiones que se toman dentro de los marcos institucionales establecidos y conforme al derecho.
Por más que la Casa de Nariño interprete que en este episodio salió victoriosa, del primer mandatario se espera que sus convocatorias se orienten hacia la búsqueda de acuerdos inclusivos. No lo ha hecho de manera consistente durante su mandato con muchos sectores de la sociedad colombiana, y por eso es imperativo recordar que un presidente gobierna para todos los ciudadanos, y que el verdadero liderazgo comienza con el respeto irrestricto a las instituciones democráticas.
