Salario mínimo 2026: incertidumbre jurídica tras suspensión del decreto de aumento
La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto 1469 de 2025, que establecía el incremento del salario mínimo para el presente año, ha generado una compleja situación jurídica y financiera que afecta directamente a millones de hogares colombianos. Aunque la alta corte ordenó al Gobierno Nacional expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días, la preocupación inmediata recae sobre la estabilidad económica de los trabajadores.
¿Qué ocurre con los pagos inmediatos?
Contrario a lo que podría sugerir una lectura apresurada de la noticia, la medida cautelar no implica una reducción automática ni inmediata en los desprendibles de pago de esta semana. La orden judicial especifica claramente que el valor actual se mantiene vigente hasta que se publique el nuevo acto administrativo.
Andrés Álvarez, Ph.D. en Economía de la Université Paris X y profesor de la Universidad de los Andes, explica que el fallo tiene un efecto diferido en el tiempo. Esto significa que el salario mínimo legal vigente continúa siendo, hasta nuevo aviso, de COP 1.750.905 más el auxilio de transporte, alcanzando aproximadamente los 2 millones de pesos mensuales.
"Las nóminas que ya se ajustaron y las que se deben pagar de aquí en adelante siguen vigentes con ese valor. El Consejo de Estado no derogó el monto retroactivamente, sino que solicitó una mejor justificación técnica", aclara Álvarez con precisión académica.
Derechos adquiridos: protección para lo ya recibido
Una de las interrogantes más frecuentes entre los trabajadores es si tendrían que devolver dinero o sufrir descuentos futuros en caso de que el nuevo decreto transitorio establezca un aumento inferior al 23,7% originalmente previsto. La respuesta desde la academia es un "no" rotundo y categórico.
David Pérez Reyna, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, enfatiza el principio fundamental de los derechos adquiridos sobre el salario devengado. "No. Lo que se ganó, ya se ganó", sentencia el experto con contundencia. Legalmente, no existe mecanismo alguno para que los empleadores soliciten el reembolso de los salarios pagados bajo la vigencia del decreto 1469.
Si el nuevo ajuste resulta ser menor, aplicaría únicamente desde la entrada en vigencia de la nueva norma hacia el futuro, sin afectar en absoluto los pagos correspondientes a enero y principios de febrero que ya fueron realizados.
Impacto económico más allá de la cifra nominal
Más allá del monto específico en el papel, el impacto real se siente en el poder adquisitivo de las familias colombianas. Los precios de la canasta familiar y servicios indexados ya fueron calculados considerando el aumento del 23%. Según Álvarez, aunque se modifique sustancialmente el decreto, el mercado no ajustará automáticamente los precios a la baja.
"El poder adquisitivo de las familias ya está perdiendo valor por la inflación, no porque se haya caído el decreto. Afirmar lo contrario sería promover desinformación", señala Álvarez con preocupación. El economista advierte que el verdadero riesgo de esta inestabilidad jurídica recae principalmente sobre los desempleados.
Ante la incertidumbre de no conocer cuál será el salario base definitivo, numerosas empresas podrían congelar temporalmente sus procesos de contratación hasta obtener certeza jurídica, afectando directamente a quienes buscan ingresar al mercado laboral formal en condiciones estables.
Propuestas para mitigar el impacto social
Mientras el Gobierno corre contra el reloj para presentar la justificación técnica requerida o el nuevo decreto dentro del plazo de ocho días establecido, surgen propuestas académicas para mitigar el impacto social de esta situación.
Pérez Reyna sugiere una medida híbrida que proteja a la fuerza laboral actual sin asfixiar la creación de nuevos puestos de trabajo. El economista apunta a que el nuevo decreto transitorio podría fijar un aumento menor exclusivamente para las nuevas contrataciones, mientras se invita a las empresas a mantener voluntariamente el incremento del 23% a los empleados antiguos que ya lo recibieron.
"De esta manera se mantendrían las condiciones económicas de los trabajadores actuales y no se tendría un efecto tan negativo en la creación de empleo formal o en el aumento de la informalidad laboral", concluye el académico con visión pragmática.
Por el momento, la instrucción tanto para los departamentos de recursos humanos como para los trabajadores es de espera cautelosa: el salario se mantiene intacto hasta que el Gobierno publique oficialmente la nueva regulación que defina el panorama salarial para el resto del año 2026.
