Consejo de Estado suspende decreto del salario mínimo 2026, pero pago del 23,7% se mantiene
En un desarrollo legal que ha generado atención nacional, el Consejo de Estado ha decidido suspender temporalmente el decreto que establecía el salario mínimo para el año 2026. Esta decisión judicial, sin embargo, no afectará de manera inmediata los pagos que millones de colombianos recibirán este 15 de febrero, los cuales incluirán el aumento del 23,7% acordado recientemente.
Impacto inmediato en los pagos de nómina
La medida cautelar emitida por el alto tribunal tiene un alcance específico que no interfiere con las transacciones salariales ya ejecutadas o que se encuentran en proceso de liquidación. Esto significa que los empleados del sector formal e informal que perciben el salario mínimo podrán contar con la estabilidad económica a corto plazo, recibiendo su remuneración completa con el incremento porcentual establecido.
La suspensión del decreto se enmarca dentro de un contexto de revisión legal, donde el Consejo de Estado evalúa aspectos formales y sustanciales de la normativa. Mientras tanto, las empresas y entidades empleadoras están obligadas a continuar con el pago del salario mínimo actualizado, garantizando así la protección de los derechos laborales de los trabajadores.
Contexto y perspectivas futuras
Esta situación pone de relieve la complejidad de los procesos de fijación salarial en Colombia, donde intervienen múltiples actores institucionales. La suspensión temporal del decreto para 2026 no implica una reversión del aumento ya implementado para el presente ciclo de pagos, sino que abre un espacio para posibles ajustes o reconsideraciones en el futuro.
Los analistas económicos destacan que, a pesar de la medida judicial, la estabilidad económica de los hogares no se verá comprometida en el corto plazo. No obstante, se mantiene la expectativa sobre el desarrollo final de este caso, el cual podría influir en las políticas salariales de los próximos años.
La noticia continúa en desarrollo, con actualizaciones pendientes sobre las resoluciones definitivas del Consejo de Estado y sus implicaciones a largo plazo para el mercado laboral colombiano.
