Congreso peruano busca nivelación salarial para empleados CAS
El Legislativo de Perú ha puesto nuevamente en el centro del debate la situación de los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Un proyecto de ley impulsado por el congresista Alex Paredes propone una nivelación progresiva de sus remuneraciones con el objetivo declarado de "garantizar el principio de igualdad remunerativa por trabajo de igual valor dentro de una misma entidad pública".
Medidas complementarias que amplían beneficios
Esta iniciativa legislativa se suma a otras dos medidas significativas orientadas al mismo grupo laboral. Por un lado, el presidente José Balcázar oficializó recientemente la ley N° 32563, que permite a los trabajadores CAS recibir gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Paralelamente, el Congreso ha propuesto que el plazo de contratación de este personal administrativo sea indeterminado si supera el año de desempeño.
El proyecto de ley pretende además liberar completamente a los trabajadores CAS de cualquier disposición de la ley N° 30057, que regula el Servicio Civil, lo que representa un cambio sustancial en la estructura laboral del sector público peruano.
Voces expertas cuestionan la claridad y viabilidad
Daniel Paniura, abogado laboralista de PPU, advierte que la iniciativa "no es clara en su contenido real". Explica que, aunque en teoría se buscaría un incremento remunerativo para los servidores CAS, nada garantiza este resultado, ya que "el nivel de ingresos en el régimen CAS puede ser, en muchos casos, superior y no necesariamente inferior al de otros regímenes laborales del sector público".
Para implementar esta nivelación, se tendrían que equiparar los niveles y estructuras remunerativas de las instituciones, lo que según Paniura conduciría a una consecuencia paradójica: "Carecería de todo sentido mantener distintos regímenes laborales en las entidades del Estado si, al final, las remuneraciones terminan siendo las mismas para funciones equivalentes".
Claudia Sicoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), coincide en que "la desigualdad laboral hay que verla en términos relativos, hay que verla en función de los puestos". Precisa que en el régimen CAS, el sueldo debe ser mayor que el mínimo y no puede superar los S/ 15,600 (aproximadamente US$4,555), rango dentro del cual pueden variar las remuneraciones tanto de empleados CAS como de aquellos bajo el sistema Servir.
Preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal
La principal alerta de los expertos gira en torno a la capacidad de la economía peruana para absorber estos cambios sin afectar otros gastos públicos. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (Bcrp), ya había advertido que los proyectos que expanden beneficios para trabajadores CAS "no solo golpean al Tesoro Público, sino a todos".
Bill Gee, profesor de Economía y Finanzas de Esan University, establece una comparación preocupante: "En el sector público, lamentablemente, los concursos laborales no son eficientes. Cuando hablo de eficiencia, hablo en términos relativos de lo que sucede en el sector privado". Señala que en el sector privado la evaluación para contratación plena toma de 4 a 6 meses, mientras que la contratación indefinida no ocurre automáticamente al año, sino que continúan las evaluaciones.
Sobre la medida de CTS y gratificaciones ya aprobada, Gee cuestiona su perdurabilidad: "No sé cuánto pueda durar esta medida, dado que el presidente lo está haciendo, muy probablemente, porque ya se está acabando su Gobierno". Sugiere que el siguiente gobierno probablemente derogue este programa, lo que considera saludable para evitar problemas con la regla fiscal.
Impacto presupuestal cuantificado
Claudia Sicoli proporciona cifras concretas sobre el impacto económico: "La nivelación progresiva de las remuneraciones va a generar una modificación en las asignaciones presupuestales de este año y de los años venideros". Según sus cálculos:
- El otorgamiento de aguinaldos de julio a diciembre tendría un costo de S/ 1,809 millones (US$528 millones)
- La CTS representaría un costo anual de S/ 1,055 millones (US$308 millones)
"El efecto concreto es mayor presión sobre la caja fiscal y, por lo tanto, una afección directa al objetivo de volver a tener un déficit fiscal de 2% o menos del PBI", agrega Sicoli, señalando que esto alejaría aún más la posibilidad de lograr un equilibrio fiscal en el mediano plazo.
Falta de sustento técnico y financiero
Daniel Paniura subraya que "ningún proyecto que no analice de manera integral, completa y sistemática el régimen laboral público puede ser viable económicamente". Aunque el artículo 7 del expediente oficial enfatiza que no se demandarán recursos adicionales al Tesoro Público, el abogado considera este enunciado insuficiente.
"El mero enunciado resulta insuficiente si no se acompaña de un estudio actuarial y financiero que sustente la capacidad real de las entidades para absorber el incremento de la masa salarial", argumenta Paniura.
El experto critica duramente el proceso legislativo: "Los legisladores se encuentran en un nivel de irresponsabilidad fiscal pocas veces visto, donde prima el rédito político y el populismo frente a la sostenibilidad financiera del propio Estado". Advierte que aprobar leyes que generan derechos económicos permanentes sin identificar fuentes sostenibles de financiamiento compromete tanto la estabilidad fiscal como la viabilidad de los derechos que se pretende reconocer.
Paniura concluye con una evaluación contundente: "Esta norma desdibuja progresivamente un acceso al empleo público meritocrático y se contribuye aún más a tener un sistema desordenado que será cada vez más difícil de corregir". El proceso legislativo en materia de empleo público, según su análisis, carece de una visión articulada que considere simultáneamente la sostenibilidad fiscal, la eficiencia del servicio público y la meritocracia como pilares fundamentales.
