El Ministerio de Trabajo confirmó la aplicación de una nueva disposición que modifica las condiciones de jornada para los trabajadores del sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia.
Nueva norma para trabajadores de vigilancia
De acuerdo con la circular emitida por la entidad, los empleados que desempeñan funciones operativas en este sector podrán trabajar hasta 12 horas diarias, siempre que exista un acuerdo previo y por escrito entre el trabajador y el empleador. La norma establece un límite máximo de 60 horas semanales, incluyendo tanto la jornada ordinaria como el tiempo suplementario.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro explicó que la medida busca unificar criterios en la aplicación de las normas laborales relacionadas con la duración de la jornada y el trabajo extra en todo el país.
Garantías y controles
El Ministerio hizo énfasis en que cualquier ampliación de la jornada debe formalizarse por escrito, con el fin de garantizar transparencia y el respeto de los derechos laborales. Además, se reiteró que estos acuerdos no pueden vulnerar los periodos de descanso obligatorio ni otras garantías fundamentales de los trabajadores.
La disposición también obliga a las empresas del sector a llevar un control riguroso de las horas trabajadas, de modo que no se supere el tope semanal establecido. Este seguimiento incluye tanto las horas ordinarias como las adicionales.
Reducción progresiva de la jornada
En paralelo, la norma se articula con la reducción progresiva de la jornada laboral en Colombia, que llevará a una jornada máxima de 42 horas semanales a partir del 15 de julio de 2026. Este proceso deberá implementarse sin afectar los salarios de los trabajadores, tal como lo establece la legislación vigente.
Otro de los puntos clave es la obligación para las empresas de vigilancia de implementar sistemas detallados de registro de horas extras. Esta información deberá quedar reflejada en los comprobantes de nómina, lo que permitirá mayor control por parte de las autoridades y de los propios empleados.
Según el Ministerio, estos cambios buscan equilibrar las necesidades operativas del sector de la seguridad privada con la protección de los derechos laborales, en medio de un proceso de ajuste normativo que impacta a miles de trabajadores en el país.
