Gobierno acompaña sellamiento en ESSA y advierte sanciones por afectar servicio eléctrico
Gobierno advierte sanciones por afectar servicio eléctrico en huelga

Gobierno Nacional supervisa sellamiento en ESSA durante huelga sindical

El Ministerio del Trabajo culminó este sábado el acompañamiento al sellamiento de instalaciones consideradas no esenciales de la Empresa de Energía de Santander (ESSA), filial del Grupo EPM, en el marco de la huelga promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol).

Actuaciones en Bucaramanga y Barrancabermeja

Las intervenciones se realizaron en dependencias del área legal, Secretaría General y auditoría en Bucaramanga, así como en áreas de atención técnica de clientes y en la oficina de reducción y control de energía en Barrancabermeja. Estas medidas fueron adoptadas conforme a las competencias de la autoridad laboral y dentro del marco regulatorio que rige el ejercicio del derecho constitucional a la huelga.

La hora cero del cese de actividades comenzó el viernes 20 de febrero a las 7:00 a.m., luego de varias mesas de diálogo entre representantes del sindicato y de la empresa, con acompañamiento institucional. Pese a estos encuentros, no se logró ningún acuerdo entre las partes involucradas en el conflicto laboral.

Protección del servicio público esencial

El Ministerio recordó que, aunque la huelga tiene reconocimiento constitucional en Colombia, su desarrollo debe armonizarse con la protección de servicios cuya interrupción pueda afectar gravemente a la comunidad. En el caso específico del suministro de energía eléctrica, se trata de un servicio público esencial que exige garantías absolutas de continuidad.

"El Ministerio del Trabajo hace un llamado al sindicato y a la empresa para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público esencial", señaló la entidad en un comunicado oficial. "El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a las investigaciones administrativas correspondientes y a las sanciones previstas en la normativa vigente".

Además, el Ministerio reiteró la disposición del Gobierno nacional para seguir acompañando espacios de diálogo que permitan superar la situación actual de conflicto laboral.

Preocupación del sector empresarial

Paralelamente a los pronunciamientos oficiales, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) manifestó su profunda inquietud frente a las posibles consecuencias de la huelga y pidió a las autoridades nacionales y departamentales unir esfuerzos para garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

El gremio empresarial recordó que, según la Ley 142 de 1994 y la Ley 143 de 1994, la energía eléctrica es un servicio esencial cuya prestación adecuada y continua está directamente ligada a la protección de la vida, la salud y la seguridad de toda la población colombiana.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por el impacto devastador que la interrupción del servicio tendría sobre el territorio", afirmó la ANDI en un comunicado. "Esto afectaría a más de 958,344 usuarios distribuidos en 102 municipios ubicados en 6 departamentos diferentes".

Sectores especialmente vulnerables

Entre los usuarios más sensibles a una posible interrupción del servicio eléctrico se encuentran:

  • Establecimientos de salud y hospitales
  • Usuarios electrodependientes con necesidades médicas
  • Hogares geriátricos y centros de cuidado
  • Instituciones educativas de todos los niveles
  • Centros penitenciarios y cárceles
  • Sistemas de acueducto y tratamiento de agua
  • Estaciones de bomberos y servicios de emergencia
  • Aeropuertos y terminales de transporte
  • Nodos de telecomunicaciones e infraestructura digital

"Instamos a las partes a priorizar el diálogo institucional sobre medidas que generarían afectaciones a derechos fundamentales de la ciudadanía", enfatizó la ANDI. "Así como daños irreversibles a la productividad y la seguridad social de toda la región de Santander y zonas aledañas".

La huelga de Sintraelecol continúa activa mientras tanto, y tanto el sector empresarial como el Gobierno nacional coinciden en la necesidad de priorizar el diálogo constructivo para evitar afectaciones masivas al servicio eléctrico, considerado vital para el funcionamiento normal de la sociedad y la economía regional.