Consejo de Estado suspende provisionalmente el aumento del salario mínimo para 2026
Consejo de Estado suspende aumento salarial mínimo 2026

Consejo de Estado suspende provisionalmente el aumento del salario mínimo para 2026

En una decisión de gran impacto económico y social, el Consejo de Estado resolvió suspender provisionalmente los efectos del decreto que establecía un incremento del 23% en el salario mínimo para el año 2026. Esta medida cautelar se produce mientras el alto tribunal estudia al menos 30 demandas presentadas contra el acto administrativo emitido por la Presidencia de la República.

Fundamentos de la decisión judicial

Las demandas cuestionan principalmente que el aumento salarial decretado no se basó en los parámetros técnicos exigidos por la legislación colombiana. Los demandantes argumentan que el gobierno no siguió los procedimientos establecidos para determinar ajustes salariales, lo que podría generar distorsiones en la economía nacional.

La suspensión provisional significa que, por ahora, no se aplicará el incremento del 23% programado para 2026, manteniéndose el salario mínimo en los niveles actuales hasta que el Consejo de Estado tome una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.

Contexto y reacciones iniciales

Esta decisión judicial se produce en un contexto económico complejo, donde diversos sectores habían expresado preocupación por el impacto del aumento salarial en:

  • La inflación y el costo de vida
  • La competitividad empresarial
  • El empleo formal
  • Las finanzas públicas

Organizaciones como Fenalco habían manifestado anteriormente su preocupación sobre la posibilidad de que se declarara una nueva emergencia económica para cubrir lo que calificaban como un "hueco desmedido" generado por el aumento salarial.

El caso continúa en estudio por parte del Consejo de Estado, que deberá determinar si el decreto presidencial cumple con todos los requisitos legales y técnicos necesarios para su implementación. Esta decisión provisional marca un precedente importante en la relación entre el poder ejecutivo y el judicial en materia de política salarial.