Superindustria abre investigación formal contra Farmatodo por presuntas irregularidades
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha iniciado una investigación administrativa de gran envergadura contra la reconocida cadena de droguerías Farmatodo, tras detectar posibles violaciones al Estatuto del Consumidor que afectarían directamente a los usuarios colombianos. La decisión fue tomada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor luego de un exhaustivo análisis de numerosas quejas presentadas por consumidores y de actuaciones de oficio que incluyeron la revisión detallada del portal web de la empresa.
Más de mil quejas en dos años
Según los registros oficiales de la entidad de vigilancia, durante el período comprendido entre 2024 y 2025 se documentaron aproximadamente 1.300 peticiones, quejas y reclamos de consumidores relacionados directamente con la operación de Farmatodo en territorio colombiano. Estas denuncias ciudadanas han revelado patrones preocupantes que incluyen casos documentados de dobles cobros, pagos duplicados y cargos no identificados, situaciones que habrían afectado transacciones comerciales realizadas por clientes en diferentes puntos de venta de la cadena.
Los tres puntos centrales de la investigación
Tras la revisión meticulosa de estas reclamaciones, la Superintendencia formuló un pliego de cargos contra Farmatodo por tres posibles comportamientos que podrían vulnerar significativamente los derechos de los consumidores:
- Posibles fallas en la calidad del servicio de pago: La investigación se centra en presuntos cobros múltiples por una misma transacción, lo que implicaría el incumplimiento del deber legal de garantizar servicios idóneos y de calidad en todas las operaciones de compra realizadas por los consumidores.
- Presunto cobro de precios superiores a los informados: La SIC investiga la posibilidad de que en algunos productos se hayan aplicado precios más elevados que los anunciados públicamente, desconociendo así la obligación legal de respetar escrupulosamente el precio informado al consumidor en el momento de la compra.
- Posible condicionamiento del derecho de retracto: Según las actuaciones de la autoridad, la empresa habría exigido a los consumidores presentar la factura de compra original para ejercer su derecho de retracto, lo que podría interpretarse como la imposición de requisitos adicionales no establecidos en el Estatuto del Consumidor vigente.
Proceso investigativo en desarrollo
Con la emisión del acto administrativo correspondiente, se da inicio formal al proceso investigativo completo, etapa durante la cual Farmatodo podrá ejercer plenamente su derecho de defensa y presentar todas las pruebas que considere pertinentes para sustentar sus argumentos ante las autoridades competentes. Esta actuación regulatoria se suma a otras medidas adelantadas por la SIC en los últimos meses, todas orientadas a fortalecer la vigilancia sobre las relaciones de consumo y garantizar que las empresas cumplan rigurosamente con las normas de protección al consumidor establecidas en la legislación colombiana.
Historia y expansión de Farmatodo
Farmatodo es una cadena de farmacias de autoservicio con una trayectoria histórica que se remonta a 1918 en Venezuela, donde originalmente operaba bajo el nombre de Farmacia Lara en la ciudad de Barquisimeto. Décadas después, la empresa evolucionó hacia el modelo actual y adoptó la marca Farmatodo, reconocida internacionalmente por su formato de autoservicio y su característico diseño arquitectónico conocido como "casita azul".
La compañía inició su expansión internacional en 2008 con su llegada a Colombia y actualmente opera bajo un modelo omnicanal que combina estratégicamente tiendas físicas con servicios digitales avanzados y comercio electrónico integral. En los últimos años, Farmatodo ha extendido sus operaciones a Argentina, consolidando así su presencia regional en el mercado latinoamericano de farmacias y productos de consumo masivo.
Ahora, con la investigación administrativa en curso, será la Superintendencia de Industria y Comercio la entidad encargada de determinar de manera definitiva si existieron o no incumplimientos sustanciales a las normas de protección al consumidor y, en caso de comprobarse las irregularidades denunciadas, establecer cuáles serían las eventuales sanciones aplicables a la compañía según el marco regulatorio colombiano.
