Rappi enfrenta sanción multimillonaria por violaciones a derechos del consumidor
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha impuesto una sanción económica sin precedentes a Rappi S.A.S., con multas que superan los $4.003 millones de pesos. Esta decisión se tomó tras dos investigaciones administrativas que revelaron múltiples y graves vulneraciones a los derechos de los consumidores colombianos.
Fallas sistemáticas en la calidad del servicio
La entidad reguladora documentó numerosas deficiencias en el servicio prestado por la plataforma de entregas. Entre las irregularidades más destacadas se encuentran:
- Entrega de productos en mal estado, incompletos o equivocados
- Incumplimiento sistemático de los tiempos de entrega prometidos
- Fallas en la garantía legal, incluyendo casos donde los productos nunca fueron entregados
- Atención deficiente a peticiones, quejas y reclamos con respuestas tardías o inexistentes
- Dificultades significativas para que los usuarios pudieran comunicarse con agentes humanos
Prácticas comerciales cuestionables y publicidad engañosa
La investigación de la SIC descubrió patrones preocupantes en las operaciones comerciales de Rappi:
- Cobros no autorizados en membresías premium como Rappi Prime y Rappi Pro
- Falta de información esencial para los consumidores, como el precio por unidad de medida en numerosos productos
- Publicidad engañosa en el servicio "Turbo", que prometía entregas en 10 minutos sin cumplir regularmente con este compromiso
- Promociones con condiciones poco claras o inconsistentes
- Cláusulas abusivas en los términos y condiciones que limitaban derechos fundamentales de los consumidores
Falta de mecanismos adecuados y reincidencia como factores agravantes
La SIC determinó que Rappi carecía de mecanismos adecuados para el seguimiento y resolución efectiva de reclamaciones. Además, la reincidencia de la empresa en sanciones anteriores por prácticas similares fue un factor determinante en la severidad de la multa impuesta.
Esta sanción representa uno de los golpes regulatorios más significativos recibidos por una plataforma de economía digital en Colombia y establece un precedente importante para la protección de los derechos de los consumidores en el creciente sector de las entregas a domicilio.
