Gremios de Nariño exigen medidas urgentes por crisis en combustibles y comercio fronterizo
El alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, junto con el presidente del Consejo Gremial y Empresarial de Nariño, Arturo Ortega Cornejo, han realizado una solicitud formal al Gobierno Nacional para la adopción inmediata de medidas económicas, comerciales, tributarias y de seguridad en el departamento de Nariño. Esta petición surge como respuesta a la grave crisis que afecta al aparato productivo regional, al comercio formal y a la conectividad, problemas que se han agravado debido a la condición fronteriza de la zona y a diversas cargas logísticas y fiscales.
Garantías y compensaciones en el sector de combustibles
Uno de los puntos centrales de la solicitud es el cumplimiento estricto del esquema de compensación de transporte de combustible en zonas de frontera. Las autoridades locales exigen que se garantice de manera plena e inmediata este mecanismo, instando al Gobierno a desistir de cualquier intento por eliminar, reducir o neutralizar dicho beneficio. Según el documento presentado, esta solicitud se fundamenta en el artículo 55 de la Ley 191 de 1995 y en la Ley 2135 de 2021, las cuales reconocen un tratamiento diferencial para corregir las desventajas estructurales de los territorios fronterizos.
En este contexto, se ha pedido a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía que acelere la implementación del Plan de Abastecimiento para Nariño. Mientras se completan los trámites de dicho plan, la región solicita mantener planes de contingencia que permitan la activación inmediata de las plantas de Tumaco, conocida como "Petrodecol", y Chachagüí, denominada "Petronar". El objetivo principal es asegurar que el departamento no pierda los beneficios previstos en la ley de fronteras y cuente con esquemas alternativos de suministro ante posibles riesgos en el abastecimiento.
Adicionalmente, la petición incluye la implementación de un alivio en el combustible para aeronaves que operan rutas hacia los aeropuertos Antonio Nariño, La Florida y San Luis. Esta medida busca reducir los costos operativos de las aerolíneas, lo que facilitaría una disminución en las tarifas de los tiquetes y mejoraría la conectividad territorial. Esta propuesta se basa en las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, las cuales establecen disposiciones para el desarrollo del transporte aéreo en regiones con necesidades especiales.
Restricciones comerciales y asimetría con Ecuador
El segundo punto crítico de la solicitud se centra en la eliminación de las medidas recíprocas expedidas por Colombia frente a Ecuador. Los gremios y la alcaldía sostienen que estas disposiciones afectan negativamente el comercio legal a través del paso fronterizo de Rumichaca, lo que ha encarecido el abastecimiento y fortalecido el contrabando en la zona.
El documento presenta cifras que evidencian una asimetría comercial significativa: mientras que a nivel nacional las exportaciones crecieron un 62,34% entre enero y abril de 2026, la estructura económica de Nariño muestra una dependencia crítica de las importaciones, las cuales representan el 88,28% de su total comercial. Las exportaciones del departamento en ese mismo periodo fueron de apenas 7,17 millones de dólares, lo que equivale al 11,72% del total. Bajo este escenario, las autoridades regionales argumentan que las medidas concebidas con un enfoque nacional producen un impacto regresivo y desproporcionado en Nariño, por lo que requieren el restablecimiento de condiciones para la importación formal y un refuerzo en el control aduanero.
Medidas complementarias: tributación y seguridad
Más allá de los combustibles y el comercio, la solicitud contempla la adopción de un régimen tributario diferencial para todas las empresas de Nariño por un periodo de dos años. Esta propuesta incluye una vía de emergencia para preservar la liquidez y el empleo, y una vía estructural mediante una iniciativa legislativa ante el Congreso para establecer beneficios de mediano y largo plazo.
Finalmente, se ha requerido la intervención urgente en el corredor vial Popayán-Pasto y en la frontera mediante medidas extraordinarias de seguridad para enfrentar hurtos, secuestros y otras afectaciones a la actividad económica. Los solicitantes concluyen que la inacción estatal no solo debilita la formalidad y la competitividad regional, sino que favorece las economías ilegales y erosiona la capacidad institucional en un territorio estratégico para el país.
La crisis en Nariño refleja la necesidad de políticas públicas diferenciadas que consideren las particularidades de las regiones fronterizas, donde los desafíos logísticos, comerciales y de seguridad requieren respuestas ágiles y efectivas por parte del Gobierno Nacional.
