En Colombia se produjeron 12,407 millones de sacos de 60 kg de café entre mayo de 2025 y abril de 2026, según datos recientes. Este volumen refleja la importancia del sector cafetero en la economía nacional. Sin embargo, un conflicto institucional amenaza la estabilidad del gremio: por primera vez en casi un siglo, el Gobierno Nacional se muestra en contra de renovar la administración de los recursos parafiscales a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).
¿Quién debe manejar los recursos parafiscales del café?
La FNC ha administrado estos fondos desde su creación, hace casi 100 años. Los recursos provienen de impuestos derivados de la caficultura y se destinan a programas de sostenibilidad, investigación y apoyo a los productores. Pero el actual gobierno cuestiona si esta gestión debe continuar en manos del gremio. El contrato de administración vence entre junio y julio de este año, lo que ha generado un intenso debate político.
Tensiones entre el Gobierno y la FNC
El Ministerio de Hacienda ha señalado que se necesita mayor transparencia y control estatal sobre estos fondos. Por su parte, la FNC defiende su historial de gestión y argumenta que la experiencia del gremio es clave para el desarrollo del sector. Las negociaciones están en curso, pero las posturas parecen distantes. La decisión final podría redefinir el futuro de la caficultura colombiana.
Implicaciones para los caficultores
Los productores de café observan con preocupación este pulso institucional. Un cambio en la administración podría afectar los programas de renovación de cafetales, asistencia técnica y comercialización. Además, la incertidumbre política podría impactar los precios internacionales del café colombiano, conocido por su calidad. La resolución de este conflicto es crucial para mantener la competitividad del sector.
En resumen, el gobierno nacional busca asumir el control de los recursos parafiscales del café, mientras la FNC defiende su autonomía. Las próximas semanas serán determinantes para definir quién administrará estos fondos, con implicaciones directas para los caficultores y la economía del país.
