Cuarta emergencia económica de Petro enfrenta críticas por objetivos ocultos en sector eléctrico
El Gobierno Nacional ha declarado su cuarta emergencia económica desde la posesión del presidente Gustavo Petro, una medida que según analistas y expertos de diversos sectores esconde objetivos presupuestales más allá de atender la crisis climática en Córdoba. Mientras las inundaciones han causado daños estimados en $20.000 millones en infraestructura eléctrica, el decreto menciona cifras cercanas a los $2,5 billones, generando sospechas sobre el destino real de los recursos.
Discrepancia millonaria entre daños reales y cifras gubernamentales
Según información oficial, Afinia -operador de red en Córdoba- reportó afectaciones severas a la infraestructura eléctrica por valor de aproximadamente $20.000 millones. Sin embargo, el decreto de emergencia económica hace referencia a $2,5 billones, cifra que corresponde principalmente a la deuda acumulada de Air-e con empresas generadoras. "Sacar una excusa de 2,5 billones de la deuda de las empresas intervenidas para decretar una emergencia económica es chimbo", advirtió una fuente consultada por Portafolio.
La situación se complica porque Air-e, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, opera principalmente en Atlántico, departamento no incluido en la declaratoria de emergencia. En contraste, los daños por inundaciones afectan a Afinia en Córdoba, Sucre y Bolívar.
Riesgo sistémico y subsidios pendientes
El decreto gubernamental alerta sobre "inminencia del riesgo sistémico en el Mercado de Energía Mayorista" debido a obligaciones financieras insolutas, particularmente de empresas caribeñas. Air-e acumula una deuda de capital vencido superior a $2,5 billones, que crece aproximadamente $150.000 millones mensuales.
Las demoras en el giro de subsidios por parte del Gobierno han generado dificultades adicionales para las empresas distribuidoras, algunas de las cuales han optado por vender activos para mantenerse operativas. En el caso de Dispac en Chocó, la ausencia de usuarios de estratos altos podría forzar aumentos tarifarios de hasta 140% para usuarios vulnerables.
Cuestionamientos constitucionales y transparencia
Andrés Felipe Velásquez, socio de Velásquez Osorio Abogados, señaló que "los fundamentos fácticos sobre el sector eléctrico que contiene el citado decreto son, en parte, particulares porque ni son materia de emergencia ni son imprevisibles". El constitucionalista advirtió que cualquier recaudo específico para una empresa particular violaría el régimen tributario.
Velásquez agregó que "si el decreto legislativo que sobre tema tributario se expide reproduce una norma suspendida por la Corte Constitucional es absolutamente inconstitucional e ilegal". Esta advertencia cobra relevancia ante la posibilidad de que el Gobierno intente revivir impuestos previamente suspendidos.
Comparaciones históricas y contexto fiscal
Fuentes del sector eléctrico contrastan la actual emergencia con la declarada durante el gobierno Santos en 2010 por el fenómeno de La Niña. Mientras aquella medida cubría a 2,5 millones de personas afectadas, la actual beneficiaría aproximadamente 200.000 damnificados. "Las afectaciones no pueden ser más grandes que eso. Son torres y las torres no se dañan con el agua abajo", explicó un experto consultado.
La declaratoria ocurre en un contexto de crisis fiscal creciente y contratación récord, según informes de la Contraloría. Analistas sugieren que el Gobierno busca recursos para cubrir faltantes presupuestales tras el rechazo legislativo a reformas tributarias anteriores.
El debate sobre la transparencia y proporcionalidad de la emergencia económica continúa, mientras se espera la expedición de decretos legislativos específicos que definirán los mecanismos de recaudo y destino final de los recursos.
