Gobierno avanza en decreto para blindar a compradores de vivienda frente a alzas de precios
El gobierno nacional está desarrollando un borrador de decreto que tiene como objetivo principal proteger a los compradores de vivienda de incrementos inesperados en los valores de apartamentos y casas. Esta iniciativa, que se encuentra en fase de elaboración, busca establecer un marco regulatorio más sólido para el sector inmobiliario, con especial énfasis en la transparencia y la seguridad jurídica para los ciudadanos.
Medidas clave y alcance del decreto
El decreto propuesto incluiría una serie de disposiciones diseñadas para evitar sorpresas en los costos durante el proceso de compra de vivienda. Entre las medidas contempladas se encuentran:
- Regulaciones más estrictas sobre la fijación de precios por parte de constructores y promotores inmobiliarios.
- Mecanismos de control y supervisión para garantizar que los aumentos no sean arbitrarios o desproporcionados.
- Protecciones adicionales para los compradores en casos de incumplimiento contractual relacionado con ajustes de precios.
Se espera que estas normas entren en vigor a partir de 2026, dando tiempo suficiente para su implementación y adaptación por parte de los actores del sector. El decreto forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para fortalecer la economía y garantizar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental.
Impacto en el mercado inmobiliario y la economía
La implementación de este decreto podría tener un impacto significativo en el mercado inmobiliario colombiano. Por un lado, se anticipa que brindará mayor confianza a los compradores, potencialmente estimulando la demanda de vivienda. Por otro lado, podría requerir ajustes en las prácticas comerciales de las empresas constructoras, promoviendo una mayor estabilidad en los precios a largo plazo.
Expertos en economía y derecho inmobiliario han destacado la importancia de este tipo de regulaciones para prevenir abusos y fomentar un mercado más justo. Sin embargo, también se han señalado desafíos en su aplicación, como la necesidad de un monitoreo continuo y sanciones efectivas para garantizar el cumplimiento.
El borrador del decreto está siendo revisado por diversas entidades gubernamentales y se espera que en los próximos meses se avance en su discusión y aprobación final, marcando un hito en la protección de los intereses de los colombianos en el ámbito de la vivienda.
