Contrabando de cigarrillos alcanza preocupante 38% en Colombia
Colombia enfrenta una alarmante realidad fiscal y de salud pública: el contrabando de cigarrillos ha aumentado al 38%, lo que significa que casi cuatro de cada diez unidades consumidas en el país son ilegales. Este preocupante dato surge del estudio Incidencia de cigarrillos ilegales en Colombia, realizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND) e Invamer, que además calcula pérdidas por 1,1 billones de pesos en recaudación.
Impacto fiscal y territorial
Didier Tavera Amado, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, advirtió sobre el desafío de frenar el ingreso masivo de mercancía ilegal. "Aquí lo que hay que hacer es cómo hacemos la interdicción a gran escala", señaló, destacando la vulnerabilidad de puertos clandestinos en el Golfo y el Pacífico, así como el uso de artificios tecnológicos para evadir controles.
Martín Orozco, gerente de Invamer, explicó el componente económico del fenómeno: "Es un montón de plata que los departamentos están dejando de recaudar". Según sus análisis, mientras una cajetilla legal cuesta alrededor de 12.000 pesos, la ilegal se vende por apenas 4.000 pesos, creando un incentivo irresistible para los consumidores.
El debate tributario y sus consecuencias
En el centro de la discusión se encuentra el Decreto 1474, expedido durante la emergencia económica y actualmente suspendido mientras la Corte Constitucional decide su futuro. Esta norma elevó el IVA al 19% para tabaco y productos similares, trasladando puntos adicionales del impuesto departamental al Gobierno Nacional.
Orozco detalló la estructura de precios: "Del precio de una cajetilla legal —que ronda los 12.400 pesos— cerca de 5.000 pesos corresponden al impuesto específico y 1.173 pesos al IVA". Argumentó que sin esta carga tributaria, la diferencia entre productos legales e ilegales sería mínima, incentivando el consumo de marcas con mayor prestigio y control.
Tavera insistió en que el debate trasciende lo tributario: "No estamos defendiendo un impuesto, estamos defendiendo la autonomía territorial". Alertó que más del 50% de los departamentos dependen de estos impuestos al consumo, y que de aplicarse plenamente los aumentos propuestos, una cajetilla podría costar entre 20.000 y 22.000 pesos, ampliando aún más la brecha con el mercado ilegal.
Economías criminales y estrategias policiales
Las autoridades coinciden en que el contrabando no responde únicamente a pequeños comerciantes. Orozco explicó: "Hay un incentivo tan grande para que los grupos criminales vuelvan a otras economías ilegales", destacando que el cigarrillo es un producto ligero y fácil de transportar.
El coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), identificó los principales puntos de ingreso:
- Antioquia
- La Guajira
- Cesar
- Magdalena
- Córdoba
- Norte de Santander
"Tenemos una tarea enorme que es contribuir a la reducción del contrabando con miras a mejorar la inversión en educación, en salud y en bienestar", afirmó el coronel Carrillo.
Resultados operativos y cambio de estrategia
Durante 2025, la Policía reportó importantes logros:
- Incautación de 4,5 millones de unidades de cigarrillos
- Valor estimado de 15.000 millones de pesos
- Desarticulación de cinco bandas criminales
- Captura de 46 personas involucradas
En los primeros dos meses del presente año, ya se registran 18 casos valorados en 600 millones de pesos. La estrategia policial ha evolucionado hacia un enfoque más integral: "Ir al modelo criminal económico más allá de llegar al tendero", explicó el coronel Carrillo, priorizando la perfilación de cargas y la intervención en centros de acopio ilegales antes de que los productos lleguen a los puntos de venta final.
Preocupaciones adicionales
Tavera planteó una preocupación adicional sobre la salud pública: "La gente no debería fumar, eso es un imperativo, nadie debería fumar. Pero si fuman, que paguen los impuestos para que cuando estén enfermos el sistema público de salud tenga cómo atenderlos". También solicitó a la industria un estudio formal sobre los niveles de nicotina de los productos ilegales, que carecen de control y análisis sanitario.
El fenómeno del contrabando de cigarrillos representa así un desafío multidimensional que afecta simultáneamente las finanzas públicas, la autonomía territorial, la seguridad nacional y la salud de los colombianos, requiriendo una respuesta coordinada y efectiva de todas las instituciones del Estado.
