Al igual que ocurre con el gas natural, el gas licuado de petróleo (GLP) que se distribuye en cilindros o pimpinas también cuenta con subsidios públicos en algunas regiones del país, dirigidos a los estratos 1 y 2, principales usuarios de este servicio. Para muchos hogares vulnerables, este combustible es esencial tanto para uso doméstico como para actividades económicas informales.
El Estado mantiene una deuda significativa con las empresas comercializadoras de GLP, similar a la que enfrenta con las de gas natural, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio. El mecanismo del subsidio exige que el gobierno cumpla con los pagos oportunamente; de lo contrario, las distribuidoras deben asumir los costos, comprometiendo su capacidad operativa.
Funcionamiento del subsidio y riesgo financiero
Las empresas venden el gas a hogares de estratos 1 y 2, y a comunidades indígenas en departamentos específicos donde aplica el subsidio. La expectativa es que el gobierno reembolse los recursos que las empresas dejan de percibir al cobrar tarifas reducidas. Sin embargo, la demora en los giros se ha vuelto recurrente debido a la escasez de ingresos públicos y la crisis fiscal, lo que implica que el sector privado está financiando un gasto que debería ser cubierto con dinero estatal.
Monto de la deuda y responsables
Según Gasnova, el gremio del GLP, el gobierno adeuda cinco meses de subsidios, equivalentes a $45 mil millones. Alejandro Martínez, vocero de Gasnova, señaló que la demora se origina en el Ministerio de Hacienda, ya que el Ministerio de Minas ya emitió las resoluciones de pago hasta febrero, pero los recursos no han sido liberados por la entidad dirigida por Germán Ávila. Gasnova representa el 78 % del mercado de GLP y también a compañías de distribución por redes, donde la deuda asciende a $36 mil millones correspondientes a seis meses (último trimestre de 2025 y primer trimestre de 2026).
Contexto y perspectivas
En 2025, el gobierno realizó pagos parciales de subsidios de energía y gas, incluyendo GLP, pero al no ser una solución estructural, la deuda se ha reactivado. La demanda de GLP sigue en aumento, impulsada por su uso en puestos ambulantes y hogares que pasan de la leña al cilindro. Los precios en 2026 se mantienen similares a los del último trimestre de 2025, según Martínez. El riesgo de un "apagón financiero" también afecta al GLP, sumándose a las preocupaciones del sector energético por las demoras en los giros del Estado, que se atascan en el Ministerio de Hacienda. Queda pendiente determinar el costo financiero que implica para las empresas "prestar" dinero al gobierno, no solo por la cartera morosa sino por la reducción de recursos para inversión.
