Campesinos santandereanos llevan su protesta minera a la capital del país
Después de 166 días consecutivos de protesta y un control permanente en el ramal de la vereda Casas Blancas, los habitantes de las zonas rurales de La Paz, en la provincia de Vélez, Santander, decidieron trasladar su manifestación a Bogotá. Con pancartas en mano, se plantaron frente a la sede de la Agencia Nacional de Minería (ANM) para exigir la anulación definitiva de un título minero que autoriza la explotación de carbón a cielo abierto en su territorio.
Un conflicto que lleva más de cinco meses
Desde el 21 de septiembre de 2025, los campesinos mantienen un campamento permanente en la vereda Casas Blancas para impedir el acceso de trabajadores de la empresa minera. Su principal preocupación radica en el grave impacto ambiental que generaría el proyecto, afectando directamente una zona donde nacen varias quebradas que abastecen de agua a sus comunidades.
El origen del conflicto se remonta a 2005, cuando la autoridad minera aprobó un título minero por 30 años que abarca 603 hectáreas. Posteriormente, en 2014, la Corporación Autónoma de Santander (CAS) otorgó la licencia ambiental para el proyecto.
Cuatro acueductos comunitarios en riesgo
Según denuncias presentadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que acompaña la protesta, se han corroborado múltiples irregularidades tanto en el licenciamiento ambiental como en los instrumentos mineros que sustentan la actividad aprobada.
Un informe del observatorio ambiental de la Corporación Compromiso revela que al menos cuatro acueductos comunitarios veredales se verían afectados por la operación minera, poniendo en riesgo el suministro de agua para aproximadamente 2.000 personas. Los sistemas de acueducto amenazados son:
- La Loma
- La Corcovada
- El Encanto
- Casa Blanca
- El Tigre
- La Mata (este último ubicado dentro del polígono aprobado para explotación)
Respuesta de las autoridades
Tras una extensa reunión con funcionarios de la ANM en Bogotá, Víctor Grandas, vocero de los Acueductos Comunitarios de La Paz, expresó cierta esperanza: "Tenemos mucha expectativa porque fuimos escuchados y quedó el compromiso de la entidad nacional de llevar todo el expediente para Bogotá y revisarlo minuciosamente".
La ANM emitió un comunicado comprometiéndose a realizar una revisión integral y técnica de los expedientes mineros, integrando la documentación local sobre los acueductos comunitarios. La agencia destacó que "el ejercicio de la actividad minera debe contemplar esencialmente a las comunidades y al medio ambiente".
La posición de la Corporación Autónoma de Santander
Desde la CAS, Andrés Ardila Prada, profesional especializado de la autoridad ambiental, explicó que han emitido dos conceptos técnicos sobre control ambiental y seguimiento, los cuales se encuentran en revisión jurídica. Sin embargo, enfatizó que "por tratarse de un tema que arranca desde la titulación, la CAS no puede tomar la decisión de anular la licencia ambiental hasta que la ANM no avance en el análisis del título minero".
La corporación solicitó a la ANM un estudio de Fiscalización Minera, y solo con base en esos resultados podrá evaluar medidas como la posible suspensión provisional de la licencia.
Un movimiento con amplio respaldo
La protesta cuenta con el acompañamiento de diversas organizaciones, incluyendo la Corporación Compromiso, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Alcaldía de La Paz, que ordenó una medida preventiva para evitar el inicio de la explotación minera.
Mientras tanto, los campesinos mantienen su vigilancia en el territorio santandereano, esperando que las autoridades nacionales prioricen la protección del agua, el respeto al entorno y el bienestar social sobre los intereses mineros.
