La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, expresó su preocupación frente al documento presentado por la Corte Suprema de Justicia en el debate sobre la ley de jurisdicción agraria. La funcionaria considera que algunas observaciones podrían afectar principios históricos de la reforma agraria en Colombia y limitar las funciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Preocupación del Gobierno por cambios en la adjudicación de baldíos
En entrevista con Mañanas Blu, la ministra defendió la necesidad de mantener las competencias administrativas de la ANT sobre los bienes baldíos de la Nación. Cuestionó que, a última hora del trámite legislativo, se planteen modificaciones que, según dijo, "rompen con más de 100 años del régimen agrario colombiano".
"El documento que se radicó y que circuló ampliamente ayer por redes sociales le atribuye la adjudicación de los bienes baldíos a los tribunales. Esto constituye realmente una aseveración bastante crítica, rompe con 100 años del régimen agrario y lo que hace finalmente es quitarle a la Nación la administración de sus bienes", afirmó Carvajalino.
La controversia se originó tras las observaciones hechas por la Sala Civil de la Corte Suprema al proyecto de ley de justicia agraria, iniciativa impulsada por el Gobierno Petro como una pieza clave de la reforma agraria y de la implementación del Acuerdo de Paz.
Debate por los baldíos y el papel de los jueces agrarios
El centro de la discusión gira alrededor del artículo 9 del proyecto, que establece las competencias sobre los procesos relacionados con baldíos, recuperación de tierras y conflictos agrarios. Mientras sectores de la Corte Suprema y gremios agrícolas consideran que debe existir un mayor control judicial para evitar excesos del Ejecutivo, el Gobierno insiste en que la ANT debe conservar la capacidad administrativa para adjudicar y recuperar tierras públicas.
Carvajalino aseguró que la preocupación del Ejecutivo surgió porque el documento conocido inicialmente sugería trasladar a los tribunales agrarios funciones históricamente ejercidas por la Nación. "Si aquí lo que se quiere es que la adjudicación de los bienes baldíos salga de la Nación, pues aquí estamos frente a una derogatoria expresa y clara de la reforma agraria que este país está adelantando desde 1961", señaló la ministra.
Posteriormente, la Corte Suprema emitió un comunicado aclarando que no pretende eliminar la fase administrativa de estos procesos, aunque la ministra insistió en que persisten dudas sobre el alcance del documento entregado al Congreso. "Nos preocupa que se quiera quitar los principios del proyecto de ley porque en esta nueva jurisdicción necesitamos unas normas que orienten la interpretación judicial", sostuvo.
Reforma agraria y cumplimiento del Acuerdo de Paz
Durante la entrevista, la ministra también respondió a quienes aseguran que el Gobierno pretende eliminar el papel de los jueces en los procesos agrarios. Según explicó, el Acuerdo de Paz contempla la creación de una jurisdicción agraria especializada, pero no obliga a que todas las decisiones sobre tierras sean judicializadas. "El acuerdo de paz nunca dice que hay que judicializar la decisión de los procesos agrarios", afirmó.
La funcionaria recordó que actualmente existen miles de procesos detenidos por falta de claridad jurídica y por las dificultades para implementar plenamente la jurisdicción agraria. De acuerdo con cifras expuestas en la entrevista, existen cerca de 38.000 procesos de clarificación de tierras pendientes y más de 73.000 conflictos agrarios que hoy cursan en despachos ordinarios. "Lo que nos quieren poner a hacer es que quede suspendida de facto cualquier decisión administrativa", advirtió.
Los conflictos rurales van más allá de los baldíos
La ministra insistió en que el debate público se ha concentrado únicamente en los baldíos, dejando de lado otros conflictos rurales que afectan diariamente a campesinos y propietarios. Entre esos problemas mencionó disputas por servidumbres, acceso al agua, invasiones de predios, contaminación de suelos y cierres ilegales de caminos rurales. "Los conflictos agrarios son cuando a los campesinos les corren la cerca, cuando les cortan la manguera de suministro de agua o cuando les cierran el tránsito y no pueden salir de su finca", explicó.
Según Carvajalino, la ausencia histórica de justicia efectiva en el campo colombiano ha permitido que actores armados ilegales terminen ejerciendo control territorial y resolviendo disputas mediante la violencia.
Gobierno defiende facultades de la ANT
Otro de los puntos defendidos por la ministra fue la necesidad de que la Agencia Nacional de Tierras conserve facultades de policía administrativa para actuar rápidamente en procesos de recuperación de baldíos y protección ambiental. La funcionaria puso como ejemplo la emergencia climática en Córdoba y el Bajo Sinú, donde el Gobierno busca intervenir terrenos ocupados irregularmente que afectan el flujo natural de las aguas. "¿Deberíamos recuperar los bienes baldíos de la Nación? Yo le digo sí", enfatizó.
Además, explicó que la propuesta del Ejecutivo contempla que las decisiones administrativas puedan tener control judicial automático e inmediato, buscando un equilibrio entre las competencias de la ANT y la intervención de los jueces agrarios.
Congreso tendrá la última palabra
Aunque el debate ha escalado políticamente tras los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y las respuestas de distintos sectores políticos, la definición final del proyecto dependerá del Congreso de la República. El Gobierno espera que la discusión continúe en términos técnicos y jurídicos, mientras sectores críticos insisten en la necesidad de establecer límites claros entre las funciones administrativas y judiciales dentro de la nueva jurisdicción agraria.
