La extorsión contra familias cafeteras se disparó más del 70% en la última década
El sector cafetero, que constituye la columna vertebral de la economía rural en Colombia, se enfrenta actualmente a una grave crisis de seguridad que pone en riesgo la estabilidad de miles de hogares campesinos. Una investigación reciente del Politécnico Grancolombiano ha revelado datos alarmantes: la extorsión dirigida específicamente contra los productores de café experimentó un crecimiento superior al 70 por ciento durante el período comprendido entre los años 2014 y 2023.
Este flagelo se ha consolidado como uno de los desafíos más críticos para las más de 550.000 familias colombianas cuya subsistencia depende directamente del cultivo, la cosecha y la comercialización del grano. La naturaleza misma de la actividad caficultora ha creado condiciones ideales para el accionar de grupos armados y bandas criminales, según explica el estudio académico.
Características que facilitan la extorsión en el sector cafetero
Jaime Wilches, profesor investigador del Politécnico Grancolombiano, detalló en declaraciones recogidas por el portal Asuntos Legales que "el ingreso relativamente estable, la circulación frecuente de dinero en efectivo y los bajos niveles de bancarización en las zonas rurales crean el escenario perfecto para la imposición de cobros ilegales". Esta situación afecta de manera directa no solo a los productores individuales, sino también a cooperativas agrícolas y transportadores rurales que participan en la cadena de valor del café.
Evolución histórica del fenómeno criminal
El análisis histórico del delito muestra que la extorsión en el campo colombiano no ha tenido un comportamiento lineal, sino que ha mutado conforme a los cambios en el conflicto interno y la realidad nacional. Tras registrar una leve disminución entre 2014 y 2016, el fenómeno experimentó un repunte marcado a partir de 2017, período que coincide precisamente con la reconfiguración de los grupos armados tras el proceso de paz con las Farc.
Aunque durante el año 2020 se presentó una caída temporal atribuible a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia de COVID-19, la tendencia negativa se revirtió rápidamente. Entre 2021 y 2023, la tasa de extorsión sufrió un incremento acelerado del 43 por ciento, lo que evidencia la notable capacidad de adaptación de las redes delictivas que operan en las zonas de cultivo.
Convergencia alarmante entre municipios cafeteros y no cafeteros
Uno de los hallazgos más preocupantes de la investigación es que la diferencia en la frecuencia de este delito entre los municipios cafeteros y aquellos que no lo son se ha reducido drásticamente. Mientras que en 2015 la tasa de extorsión en zonas cafeteras superaba en un 52 por ciento a la registrada en otras regiones, para el año 2023 esa brecha se desplomó hasta alcanzar apenas el 9 por ciento.
Los investigadores del Politécnico Grancolombiano explicaron que "esta convergencia indica claramente que el fenómeno dejó de estar concentrado exclusivamente en zonas típicamente vulnerables y alcanzó una distribución casi homogénea en el territorio nacional, incluyendo ciudades y regiones sin tradición cafetera".
Relación peligrosa con economías ilícitas y mapa delictivo
El estudio identifica una relación particularmente peligrosa entre la presencia de cultivos de coca y el aumento de la extorsión, sumando en promedio 3,5 puntos adicionales a la tasa del delito en aquellos territorios donde coexisten ambas economías. Esta sinergia permite a los actores armados fortalecer su infraestructura logística y perfeccionar sus mecanismos de vigilancia y control territorial.
El mapa delictivo del país muestra variaciones significativas:
- Zonas de mayor confluencia: Antioquia, Huila, Cauca, Nariño y sectores del Tolima concentran una alta producción cafetera junto con niveles elevados de extorsión.
- Tasas extremas: Chocó, Guaviare, Meta, Cauca y Arauca registraron en 2022 niveles de extorsión muy por encima del promedio nacional.
- Territorios relativamente estables: El Eje Cafetero tradicional se mantiene como una de las regiones con niveles más bajos y estables en la incidencia de este cobro ilegal.
La baja institucionalidad estatal y el control económico ejercido por grupos al margen de la ley en estos territorios siguen siendo los factores determinantes para que la extorsión persista, incluso cuando otros indicadores de criminalidad muestran descensos temporales. La protección efectiva de los caficultores en cerca de 600 municipios colombianos sigue siendo, por tanto, una tarea pendiente y urgente para las autoridades nacionales.
