El Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena ha restablecido la medida cautelar de urgencia manifiesta que faculta al Distrito para la intervención inmediata de 58 inmuebles en riesgo de colapso dentro del cordón amurallado, incluido el barrio Getsemaní. Este fallo, consignado en el Auto Interlocutorio No. 273 del 23 de abril de 2026, pone fin a un breve bache procesal causado por un error técnico: según el Distrito, un correo que terminó en la carpeta de spam del juzgado, pero que hoy ratifica que la protección del patrimonio y de la vida e integridad de los peatones no es negociable.
El rescate de las 21 fachadas críticas
La ofensiva, liderada por el Distrito, ya ha priorizado 21 inmuebles que presentan el peligro más inminente para transeúntes y turistas. Con el respaldo judicial en firme, el Distrito no solo tiene la facultad de ejecutar obras de primeros auxilios en balcones, tejados y fachadas, sino que posee la herramienta legal para cobrar a los dueños omisos hasta el último peso invertido en estas reparaciones.
Milton José Pereira, jefe jurídico del Distrito, afirmó: “Actuamos con los argumentos jurídicos correctos... el alcalde tiene pleno respaldo judicial para ejercer todas las facultades que la ley le confiere, incluyendo procesos policivos contra quienes pongan en riesgo la vida”.
Radiografía de una crisis patrimonial
El deterioro no es solo estético; es una amenaza de seguridad pública que se ha venido documentando desde finales de 2024. De hecho, ya se han presentado varios accidentes que han dejado personas heridas tras la caída de balcones y estructuras deterioradas en los barrios San Diego y Getsemaní. Los operativos sobre estas viejas casonas se sustentan en una estructura legal robusta que inició formalmente en noviembre de 2024 con un fallo que autorizó la intervención de 58 casas mediante una acción popular.
Posteriormente, a través del Decreto 1975 de diciembre de 2024, se delegaron facultades a la Dirección de Control Urbano para ejecutar las obras necesarias y aplicar mecanismos de cobro coactivo a los propietarios. Finalmente, en abril de 2026, la justicia restableció la medida cautelar de urgencia tras corregir un error administrativo de notificación, blindando así la continuidad de los operativos de recuperación patrimonial.
Cero tolerancia
El juzgado fue enfático en recordar que el Alcalde, como primera autoridad de policía, está facultado por la Ley 1801 de 2016 para sancionar a los propietarios que, por negligencia, conviertan sus inmuebles en trampas mortales. Estas sanciones son independientes a las facturas que el Distrito emitirá por los arreglos realizados directamente por la Dirección de Control Urbano.
Con esta decisión, Cartagena cierra filas contra la gentrificación del abandono, donde propietarios esperan el derrumbe de las estructuras para liberar suelos de alto valor comercial, ignorando que cada balcón que cae pone en jaque la declaratoria de la UNESCO y, lo más grave, la vida de quienes caminan por las calles de la Ciudad Heroica. Hoy, el Distrito ya no pedirá permiso para salvar las fachadas; entrará, reparará y pasará la cuenta de cobro.
