Cartagena demanda respuesta institucional coordinada para su Centro Histórico
La situación actual del Centro Histórico de Cartagena exige una respuesta institucional clara, contundente y perfectamente coordinada entre todas las entidades involucradas. Las recientes denuncias públicas sobre presuntas obras realizadas sin licencia o intervenciones que no corresponden a los permisos otorgados no pueden seguir siendo percibidas como hechos aislados o casos menores. Estas situaciones representan una señal de alerta contundente sobre la eficacia real del sistema de control urbano y patrimonial, especialmente en una de las áreas más sensibles y valiosas de toda la ciudad.
Falta de articulación entre autoridades genera vacíos de supervisión
El debate fundamental no debe centrarse en la confrontación entre diferentes autoridades, sino en la necesidad urgente de fortalecer su articulación operativa. En el Centro Histórico convergen múltiples competencias de control urbano, inspección de policía y autoridades de patrimonio cultural. Cuando estas instancias no actúan de manera sincronizada y coordinada, el resultado es completamente previsible: se generan vacíos significativos en la supervisión, demoras excesivas en los procesos administrativos y, en algunos casos documentados, obras que continúan avanzando pese a sellamientos reiterados por parte de las autoridades.
Preocupan especialmente dos tipos de intervenciones: aquellas que, amparadas inicialmente en solicitudes de mantenimiento rutinario, terminan convirtiéndose en modificaciones sustanciales de inmuebles patrimoniales protegidos; y aquellas otras que, aun contando con licencias formales, no coinciden en la práctica con lo aprobado originalmente en los planos y documentos técnicos. La normativa existe y es bastante clara; el verdadero reto institucional está en hacerla cumplir con rigor, continuidad y sin excepciones injustificadas.
Presión turística y cambio de usos del suelo agravan el problema
Este fenómeno de irregularidades no puede desligarse del acelerado cambio de usos del suelo en el Centro Histórico y de la presión creciente ejercida por la industria turística. La rentabilidad del negocio turístico avanza con una velocidad mucho mayor que la capacidad real de control del Estado. Cuando esa asimetría se profundiza, como está ocurriendo actualmente, se deterioran no solo los valores estéticos del patrimonio construido, sino también la habitabilidad permanente, el tejido social tradicional y la identidad cultural que dan sentido histórico a este territorio único.
En este escenario complejo, conviene recordar que la protección del patrimonio cultural cuenta con un régimen jurídico especial, considerablemente más estricto que el régimen ordinario de construcción. La discusión sobre la eventual no prescriptibilidad de las intervenciones que afectan bienes de interés cultural abre una reflexión necesaria y oportuna: la certeza de que la responsabilidad administrativa y penal puede mantenerse vigente en el tiempo debería convertirse en un verdadero factor disuasivo frente a quienes decidan intervenir al margen de la ley.
Necesidad de mensaje inequívoco y sistema de control coherente
Cartagena necesita con urgencia un mensaje institucional inequívoco: ninguna obra, por importante que parezca, está por encima de la ley ni del patrimonio colectivo. Para lograr este objetivo se requiere mayor coordinación interinstitucional, protocolos claros de actuación inmediata y seguimiento efectivo a las medidas adoptadas. También resulta indispensable que las denuncias ciudadanas, incluidas las que formulan organizaciones como la JAC de Getsemaní, Asocentro y la Fundación Centro Histórico, encuentren respuestas oportunas, transparentes y con resultados visibles para la comunidad.
El Centro Histórico es patrimonio oficial de la Nación y orgullo histórico de Cartagena. Su protección integral no admite zonas grises ni interpretaciones flexibles. Más que sanciones ejemplares aisladas, la ciudad demanda un sistema de control coherente, articulado y permanentemente visible, que garantice que las normas se cumplen sistemáticamente y que el desarrollo económico no se imponga nunca sobre la legalidad ni sobre la memoria colectiva de los cartageneros.
