La Alcaldía de Santa Marta rechazó categóricamente las acusaciones que la vinculan con presuntas presiones electorales y participación indebida en política, luego de que la Superintendencia de la Economía Solidaria remitiera una denuncia a la Fiscalía para investigar posibles irregularidades relacionadas con la actual campaña presidencial.
Comunicado oficial del Distrito
Mediante un comunicado, el gobierno distrital aseguró que los señalamientos se basan en información que aún no ha sido verificada por las autoridades y reiteró que su actuación se ha enmarcado dentro de la Constitución y la ley. “Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento que pretenda vincular a esta administración con participación indebida en política o constreñimiento electoral”, manifestó la Alcaldía.
Solicitud de investigaciones y denuncias
La administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello informó que ha puesto en conocimiento de diversos organismos de control una serie de situaciones que, a su juicio, también deben ser investigadas en el contexto electoral actual. Se presentaron solicitudes ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Comisión de Seguimiento Electoral para que indaguen una eventual injerencia de funcionarios del Gobierno nacional en actividades políticas desarrolladas en Santa Marta.
“Nos ponemos a disposición de los entes de control para que cualquier hecho sea verificado con rigor, objetividad y pleno respeto al debido proceso”, señaló la administración distrital.
Origen de la controversia
La reacción de la Alcaldía se produce después de que la Superintendencia de la Economía Solidaria trasladara a la Fiscalía una denuncia sobre supuestas presiones electorales y posible utilización de estructuras administrativas para favorecer actividades políticas. La acción fue radicada por la superintendente María José Navarro Muñoz ante la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y el Grupo de Delitos Electorales de la Fiscalía. Los hechos también fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación.
Entre los elementos entregados figuran capturas de pantalla, listados de actividades y otros documentos que evidenciarían posibles conductas como constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante, intervención en política de servidores públicos y uso indebido de datos personales. No obstante, se reconoce que parte del material proviene de denuncias anónimas y comunicaciones remitidas por terceros.
Defensa de funcionarios locales
La concejal Ingrid Gómez Ceballos rechazó las versiones que la vinculan con las actividades descritas en la denuncia y aseguró que la información divulgada carece de sustento. “María José Navarro, funcionaria del Gobierno nacional, pretende convertir en un señalamiento público un anónimo sin verificar en el que aparece mi nombre. Es falso lo que está difundiendo. En Santa Marta actuamos conforme a las leyes, siguiendo las directrices del alcalde”, expresó a través de su cuenta en X.
Por su parte, la secretaria de Movilidad Multimodal y Sostenible, Sarita Vives, insistió en que cualquier acusación debe ser sometida a investigación formal antes de generar conclusiones públicas, y cuestionó la difusión de documentos cuya autenticidad aún no ha sido establecida por las autoridades.
Mientras avanzan las investigaciones, la Alcaldía mantiene su rechazo a las acusaciones y sostiene que continuará colaborando con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos, al tiempo que pide que también sean revisadas las denuncias que ha presentado sobre una posible intervención de funcionarios nacionales en el escenario político local.
