El Gobierno español ha puesto en marcha una consulta pública sobre un anteproyecto de ley destinado a regular las bebidas energéticas y prohibir su venta a menores de 16 años. Así lo anunció el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien expresó su deseo de que la medida "se convierta en ley cuanto antes".
Objetivos de la iniciativa
La propuesta, que posteriormente será elevada al Consejo de Ministros, busca limitar los riesgos que el consumo de estas bebidas puede ocasionar en niños, niñas y adolescentes. Bustinduy destacó que la consulta pública permitirá que la ciudadanía y los colectivos afectados realicen aportaciones a la futura norma.
Antecedentes parlamentarios
La iniciativa impulsada por Sumar, la coalición de izquierdas que forma parte minoritaria del Gobierno, fue rechazada el pasado 26 de mayo en el Congreso de los Diputados. Los votos en contra de la derecha y la ultraderecha, junto con la abstención del Partido Nacionalista Vasco (PNV), impidieron su aprobación en esa instancia.
"Vamos a insistir las veces que haga falta hasta que esto sea ley. La obligación democrática es garantizar entornos saludables y seguros para la infancia y la adolescencia", subrayó el ministro.
Datos preocupantes sobre el consumo adolescente
Según encuestas del Ministerio de Sanidad, casi el 40 % de los adolescentes consume bebidas energéticas. Además, un 15 % de ellos las mezcla con alcohol, una práctica que multiplica los riesgos para la salud.
Fundamento científico
La propuesta del Ministerio de Consumo se basa en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos. Estos advierten que un consumo excesivo de cafeína puede provocar efectos fisiológicos no deseados, como alteraciones del sueño, efectos psicológicos, cambios en el comportamiento o trastornos cardiovasculares.
Contexto internacional y nacional
La iniciativa española se alinea con medidas adoptadas por otros países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania. Asimismo, coincide con normativas ya aprobadas o en trámite en algunas comunidades autónomas españolas, como Galicia y Asturias.
