URT radica demanda colectiva para restituir 1.245 hectáreas a comunidad de La Europa en Montes de María
Ante jueces penales especializados del circuito, la Dirección Territorial Bolívar y Sucre de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó formalmente una demanda de restitución en favor del sujeto colectivo de la comunidad de La Europa, ubicada en la zona rural del municipio de Ovejas, Sucre. El recurso judicial busca el restablecimiento definitivo de los derechos territoriales de 30 familias campesinas sobre un globo de terreno común y proindiviso que abarca 1.245 hectáreas más 3.410 metros cuadrados.
El caso de La Europa representa un litigio emblemático de despojo y persecución que involucra tanto a las guerrillas de las Farc y el Eln, como a las estructuras paramilitares, la fuerza pública y el sector empresarial. La reconstrucción judicial del caso describe un intrincado entramado de violencia sistémica.
Origen del conflicto: del Incora a la violencia armada
El arraigo de la comunidad se remonta a 1969, cuando el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) adjudicó formalmente el predio a 113 familias en el marco de los primeros intentos de distribución agraria en el país. Sin embargo, la paz y productividad en la región se fracturaron en 1994 con las primeras incursiones violentas y hostigamientos de los frentes de las Farc y el Eln.
La tragedia humanitaria escaló a niveles críticos en 1996 con la irrupción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La ofensiva paramilitar convirtió la zona en un teatro de operaciones de terror que dejó un saldo de más de 20 hechos victimizantes de alto impacto, incluyendo masacres, ejecuciones selectivas y desapariciones forzadas. Este asedio absoluto provocó, en el año 2001, el éxodo masivo y los primeros episodios de desplazamiento forzado de la población civil.
Nuevos actores: operaciones militares y presión empresarial
El calvario de La Europa sumó nuevos actores entre 2003 y 2006, cuando el incremento de las operaciones militares del Estado derivó en múltiples denuncias por detenciones ilegales en el marco de la entonces denominada política de seguridad democrática. Finalmente, en 2007, la demanda señala que el sector empresarial aprovechó la vulnerabilidad del territorio: la empresa Arepas Don Juancho ejecutó una compra masiva de predios, marginando por completo a los reductos de campesinos que aún resistían en sus parcelas para conservar su legado ancestral, afirmó en el acto de radicación el mayor Giovani Yule, director general de la URT.
Giro jurídico en 2025: revocatoria de fallos institucionales
La llegada de este expediente al Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Sincelejo es el resultado de una batalla burocrática que inició la Asociación de Campesinos y Campesinas de La Europa en el año 2008 ante la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Aunque el caso fue remitido a la URT en 2012 bajo el amparo de la Ley 1448 de 2011, el proceso sufrió años de estancamiento y decisiones institucionales adversas.
El verdadero quiebre procesal ocurrió en el año 2025, cuando la URT dio un giro de 180 grados a la estrategia jurídica al reconocer formalmente a La Europa como un sujeto colectivo campesino. Para destrabar el expediente, la dirección de la entidad tuvo que aplicar un mecanismo de revisión interna sin precedentes. “Hemos realizado la radicación de esta demanda para el proceso de restitución que esperan más de 113 familias de esta comunidad La Europa, que recoge la historia de la lucha realizada desde 1969 por los hermanos campesinos para que se materialice la Reforma Agraria en Colombia. Esta demanda va a ser muy importante para la dignidad de los pueblos campesinos, indígenas y afros a nivel nacional”, agregó Yule.
Pretensiones: reparación integral y no repetición
El Director Territorial de la URT en Bolívar y Sucre, Daniel Flórez, calificó la jornada como un hito histórico para el corazón de los Montes de María, pues se logró cerrar la etapa administrativa tras corregir los errores de la propia institución. “Ese proceso de resistencia hoy encuentra por fin la clausura de su etapa administrativa, gracias a la revocatoria de más de 25 decisiones negativas que en el pasado la institución adoptó en contra de los intereses de los campesinos”, puntualizó el funcionario.
Con la demanda ya en manos de los jueces de Sincelejo, las pretensiones de las víctimas van mucho más allá de la simple devolución de los linderos de la tierra. El recurso legal exige un modelo de justicia transformadora que incluye:
- Protección del territorio y garantías legales, ambientales y culturales para blindar el predio proindiviso restituido.
- Desarrollo agrícola e implementación de proyectos productivos basados en la transformación agrícola, canales de comercialización justa y fortalecimiento de cultivos nativos.
- Inversión social y planes explícitos de mejoramiento de la infraestructura habitacional y acceso a servicios públicos básicos.
- Esquemas de seguridad para el retorno, garantías de no repetición y medidas de reparación simbólica para reconstruir el tejido social dañado por la guerra.
Para Argemiro Lara, líder comunitario e histórico reclamante de La Europa, la radicación de este documento representa la validación de una vida entera de persecución: “Es una oportunidad para recuperar no solo la tierra, sino la memoria y el proyecto de vida que construimos en nuestro territorio”. La palabra final queda ahora en los despachos judiciales de Sincelejo, encargados de emitir una sentencia que siente jurisprudencia sobre el despojo colectivo en las subregiones de la costa norte de Colombia.
