La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha presentado un pliego de cargos contra Tiendas Ara, propiedad de Jerónimo Martins Colombia S.A.S., por presuntas infracciones a los derechos de los consumidores. La investigación se originó a raíz de más de 2.000 denuncias de clientes que reportaron irregularidades en cobros electrónicos, discrepancias en precios, problemas con devoluciones y promociones poco claras, lo que cuestiona la transparencia de las operaciones de esta cadena de tiendas de descuento en Colombia.
Detalles de las quejas
Entre febrero y julio de 2024, se registraron 825 quejas por cobros duplicados al realizar pagos con códigos QR u otros medios electrónicos. En varios casos, los clientes se vieron obligados a pagar dos veces para completar la transacción, generando malestar y desconfianza. Además, los bonos de recompra ofrecidos a los consumidores carecían de información clara sobre su uso en tienda, lo que provocó incertidumbre sobre su validez y alcance.
Promociones y sorteos bajo la lupa
La SIC también investigará si los sorteos y promociones realizados por Tiendas Ara se comunicaron de manera correcta y cumplieron con la normativa vigente. Se evaluará si los términos y condiciones fueron transparentes para los consumidores.
Entre enero de 2024 y marzo de 2025, se reportaron 1.363 quejas por diferencias entre los precios exhibidos en estantería y los cobrados en caja. Asimismo, se presentaron casos de vueltas incompletas o cobros adicionales no autorizados por donaciones y redondeos.
Derechos de los consumidores
La SIC enfatizó que los consumidores tienen derechos fundamentales que deben ser respetados, incluyendo la claridad en la información sobre precios, promociones y devoluciones. La investigación busca garantizar que los clientes puedan confiar en las transacciones y recibir el producto o servicio tal como se ofrece, fortaleciendo la percepción de seguridad en el comercio minorista.
Derecho a la defensa
Tiendas Ara tiene la oportunidad de presentar pruebas y argumentos durante el proceso, asegurando el debido proceso y un análisis riguroso de cada caso. La empresa podrá ejercer su defensa ante las acusaciones formuladas por la SIC.
