La Procuraduría General de la Nación exigió una respuesta institucional ante el caso de una niña indígena de 4 años que habría sido secuestrada y abusada sexualmente en Cali. El Ministerio Público rechazó los actos de violencia contra la niñez indígena en Colombia e hizo un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) para fortalecer las acciones de prevención y protección.
Procuraduría pide al ICBF reforzar la protección de la niñez indígena
El llamado principal de la Procuraduría fue al ICBF, entidad encargada de la protección integral de niños, niñas y adolescentes. En este caso, el Ministerio Público pidió fortalecer las acciones de prevención y protección, especialmente frente a hechos que comprometen la vida, la integridad y los derechos de menores indígenas. La solicitud se produce luego de que una niña indígena de 4 años fuera secuestrada y abusada sexualmente por un hombre de 28 años, quien engañó con una presunta ayuda alimentaria a la madre de la menor para raptar a la niña. La situación encendió las alertas sobre la capacidad institucional para prevenir riesgos y activar rutas de atención oportunas. Para la Procuraduría, este tipo de hechos exige respuestas claras, coordinación entre entidades y medidas que no se limiten a la reacción posterior, sino que ayuden a evitar nuevas vulneraciones.
El Ministerio Público también exhortó a la CIPRUNNA, instancia encargada de articular acciones contra el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra menores de edad, pues su papel es clave en la prevención de escenarios en los que niños y niñas terminan expuestos a grupos armados, redes de violencia o situaciones que amenazan directamente sus derechos fundamentales.
Secuestro de niña de 4 años alerta por vulneración de derechos
La Procuraduría rechazó “de manera categórica los actos de violencia contra la niñez indígena en Colombia”, con especial preocupación por las denuncias relacionadas con presunto reclutamiento y vulneración de derechos de niños y niñas en el marco del conflicto armado, luego de que se revelara el hallazgo de la menor, quien fue encontrada por las autoridades al interior de una vivienda donde su agresor fue capturado. Su secuestro se convirtió en una señal de alarma sobre los riesgos que enfrenta esta población y provocó el pronunciamiento de la Procuraduría en defensa de los niños, niñas y adolescentes colombianos. El organismo de control insistió en que la niñez debe quedar por fuera de cualquier dinámica de guerra o violencia. “¡Dejen a la niñez fuera de la guerra. Basta ya!”, señaló la Procuraduría, con el fin de que las instituciones competentes actúen frente a estos hechos.
Autoridades deben investigar y sancionar a los responsables
Además de pedir medidas al ICBF y a la CIPRUNNA, la Procuraduría instó a las autoridades competentes a investigar y sancionar a los responsables. Este punto es central, porque los casos de violencia contra menores no pueden quedar solo en declaraciones de rechazo o llamados institucionales. La investigación debe permitir establecer responsabilidades y avanzar hacia decisiones que garanticen justicia. El Ministerio Público advirtió que la protección de la niñez indígena exige acciones coordinadas y sostenidas. En particular, pidió fortalecer la prevención frente al reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, riesgos que adquieren mayor gravedad cuando se presentan en territorios o entornos afectados por el conflicto armado.
El caso de la niña indígena de 4 años expone la urgencia de revisar las rutas de protección disponibles y la capacidad de respuesta de las instituciones. La Procuraduría hizo énfasis en que los menores no pueden seguir siendo víctimas de hechos violentos ni tampoco quedar atrapados en escenarios donde su integridad se vea vulnerada. La Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada para la defensa de los derechos de la infancia, reiteró que se deben activar todos los mecanismos institucionales para garantizar la restitución de derechos de la menor afectada. Asimismo, solicitó un informe detallado al ICBF sobre las acciones realizadas y las medidas de protección implementadas para evitar que hechos como este se repitan.
