Madrid, 3 jun (EFE).- La exmilitante socialista Leire Díez afirmó en 2020 a un agente policial que era necesario encontrar información que comprometiera a la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, argumentando que estaba 'hilando un relato' para conseguir su 'muerte procesal' y 'social'. 'Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis', agregó.
Esta conversación se encuentra documentada en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluido en el sumario del caso Leire Díez que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. El documento detalla las acciones que supuestamente llevaron a cabo Díez y el exdirigente socialista Santos Cerdán, también imputado, para atacar a varios magistrados.
Magistrados en la mira
Entre los objetivos mencionados se encuentran el magistrado Juan Carlos Peinado, quien investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; la jueza Alaya, que instruyó los casos de los ERE y Aznalcóllar; y la magistrada Beatriz Biedma, que llevó al banquillo al hermano del presidente, David Sánchez. El informe también alude a presuntos intentos de soborno a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa.
Objetivo: jueza Alaya
Según el informe, la jueza Alaya era un objetivo clave del grupo debido a su papel en los casos de los ERE y la mina de Aznalcóllar. Se relata que Díez se reunió en dos ocasiones durante 2020 con el responsable de la Unidad de Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Sevilla, conocido como 'Torrente', para obtener 'información que pudiera comprometer a la magistrada'.
En un mensaje enviado al policía en enero de 2020, junto a una noticia titulada 'Alaya reabre la adjudicación de Aznalcóllar para investigar al presidente de la SEPI', Leire Díez le comunicó: 'Yo estoy hilando un relato, porque además de la muerte procesal tiene que ser social también'. Ya en marzo de 2020, le explicó: 'Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis'. Posteriormente, contactó a un periodista que había cubierto información sobre Alaya y el caso ERE, preguntándole: '¿Qué podemos destapar de ella?'.
Caso Beatriz Biedma
Sobre la jueza Beatriz Biedma, quien ordenó juzgar a David Sánchez, la UCO señala que es un caso 'paradigmático', ya que permite observar cómo las actuaciones de la presunta organización se adaptaban a las necesidades del momento. El informe detalla que el grupo 'se habría servido especialmente del exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, a través del cual se habrían pretendido articular diversas vías cuya finalidad común habría sido desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente'.
En las conversaciones intervenidas, Leire manifestó que su 'prioridad en todo esto' era 'el presidente'. 'Sin eso no hay nada más y porque es tan obscenamente injusto que es de ley hacerlo', afirmó.
Magistrado Juan Carlos Peinado
En cuanto al magistrado Juan Carlos Peinado, los investigadores explican que Leire Díez solicitó información sobre él al exviceministro venezolano Nervis Villalobos, quien había sido investigado en el caso Columbus por presunto blanqueo de dinero ilícito proveniente de la petrolera PDVSA en el juzgado de Peinado. El informe detalla que se identificaron mensajes entre Nervis Villalobos y Leire Díez de mayo de 2024, cuando ya se había abierto la causa contra Begoña Gómez, de los que se desprende que el primero le entregó un 'cronograma de irregularidades' sobre Peinado.
Contactos con fiscales
El informe de la UCO también reseña contactos de la trama con fiscales como Ignacio Stampa, quien aportó al juzgado la grabación de su reunión con Díez, donde ella se presentó como la 'mano derecha' de Cerdán. Asimismo, se menciona a José Grinda, a quien presuntamente se le hizo llegar un ofrecimiento para que archivara diversas causas o aportara información sobre su jefe, el fiscal jefe Anticorrupción, a cambio de un puesto de trabajo en el extranjero y de la retirada de una demanda interpuesta contra él por una joven.
La UCO afirma haber reunido elementos que evidencian que el PSOE habría sufragado el pago del alojamiento y los desplazamientos a Madrid de esa joven, quien en noviembre de 2024 se reunió con Leire Díez en un hotel y con Santos Cerdán en Ferraz, y que en abril de 2025 volvió a la capital para asistir al juicio.
