Pamplona, 10 jun (EFE).- El juez de instrucción de Tudela ha decretado la libertad provisional para el empresario navarro Ramón Lázaro, quien, presuntamente, desde que asumió la presidencia del C. D. Tudelano en 2022, puso en marcha "una amplia amalgama de actividades criminales" orientadas a su beneficio económico.
Detalles de la decisión judicial
Además de Lázaro, su madre también ha sido puesta en libertad, aunque con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida. Las otras cinco personas arrestadas el pasado lunes por la Policía Nacional, en colaboración con Europol e Interpol, fueron liberadas ese mismo día sin necesidad de pasar por el juzgado.
Antecedentes de la operación policial
El lunes se dio a conocer la operación policial contra una organización criminal investigada por presuntos delitos económicos y societarios. La acción resultó en siete detenciones, tres registros domiciliarios y medidas patrimoniales sobre bienes y productos financieros.
A la organización se le imputan presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude en subvenciones, alzamiento de bienes, falsedad documental, estafa y delitos contra la Hacienda Pública.
Fundamentos del auto judicial
Según el auto judicial, Lázaro se habría apropiado de "importantes cantidades de dinero" provenientes de los dos clubes de fútbol que presidía (Tudelano y Ribera Fútbol Sala), bajo el pretexto de "préstamos simulados o devolución de los mismos". Estos fondos habrían sido destinados a la compraventa de propiedades, específicamente cuatro viviendas, que fueron registradas a nombre de su esposa.
El juez considera que no existe riesgo de ocultación, alteración o destrucción de pruebas, ya que el 8 de junio se realizaron registros en tres inmuebles del investigado, donde se incautaron terminales, documentación y claves asociadas a un monedero que contiene criptomonedas transferidas fuera de España.
Asimismo, se ha procedido al embargo de tres inmuebles, vehículos y todas las cuentas bancarias de las que es titular el acusado. De esta forma, el juez señala que "las capacidades del investigado para ocultar o destruir fuentes de prueba son ínfimas".
En cuanto al riesgo de fuga, el juez estima que tampoco concurre, dado que se ha intervenido la totalidad del patrimonio del investigado, valorado en 1.430.000 euros, por lo que "su capacidad económica para sustraerse de la justicia son muy reducidas".
Medidas cautelares impuestas
El auto judicial decreta la prohibición de salida del territorio nacional para el investigado, así como la obligación de entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas.
