La Fiscalía General de la Nación ha presentado una nueva solicitud de audiencia de imputación en contra de José Antonio Salazar Ramírez, quien se desempeñó como secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores. La medida se toma por su presunta implicación en decisiones vinculadas al polémico proceso de contratación de pasaportes durante la administración actual.
Delitos imputados
De acuerdo con la Dirección Especializada contra la Corrupción, el exfuncionario deberá responder como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito. La investigación se originó a partir de las actuaciones administrativas adoptadas después de que se declarara desierta la licitación para la fabricación de pasaportes.
Resoluciones controvertidas
Según el ente acusador, Salazar Ramírez estaría vinculado con la emisión de tres resoluciones en febrero de 2024. Estas resoluciones revocaron las decisiones previas del entonces canciller Álvaro Leyva Durán, quien había declarado desierta la licitación pública para adjudicar el contrato de pasaportes, valorado en cerca de medio billón de pesos.
Gracias a dichas resoluciones, se restableció el proceso licitatorio y posteriormente se adjudicó el contrato a la única empresa que seguía como postulante: Thomas Greg & Sons.
Salida del cargo
José Antonio Salazar fue declarado insubsistente en febrero de 2024, luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara públicamente su retiro a través de la red social X, mencionando una supuesta traición por parte del funcionario.
Audiencia programada
Según el sistema de reparto y la programación judicial, la audiencia de imputación contra el exsecretario general está prevista para el próximo 10 de junio. En esa fecha, la Fiscalía expondrá formalmente los hechos y los elementos de prueba que sustentan la investigación.
Este proceso está relacionado con el expediente que ya enfrenta el excanciller Álvaro Leyva Durán. En diciembre de 2025, la Fiscalía le imputó el delito de prevaricato por acción por haber declarado desierta la licitación para la elaboración de pasaportes en 2023, a pesar de que la unión temporal conformada por Thomas Greg & Sons había obtenido la mayor calificación y cumplía con los requisitos para la adjudicación del contrato.
Como resultado de ese proceso, la Fiscalía llamó a juicio a Leyva ante la Corte Suprema de Justicia, donde deberá responder por las decisiones adoptadas durante su gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
