La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de prevaricato por omisión y peculado por uso al empresario Carlos Mattos, por sus polémicas salidas irregulares de la cárcel La Picota, donde estaba recluido por condenas relacionadas con el soborno a jueces en el denominado caso Hyundai. El escándalo se originó tras una publicación de Noticias Caracol en 2022, que mostró imágenes del empresario saliendo de la prisión de máxima seguridad y visitando su oficina en el norte de Bogotá, sin autorización para dichos desplazamientos.
Antecedentes del caso
Durante el gobierno de Iván Duque, el escándalo llevó al despido de Mariano Botero Coy, entonces director del INPEC. Los dragoneantes Jorge Hernán Guerrero, Luis Alejandro Rojas y William René Caballero, presuntamente involucrados en las salidas, fueron vinculados a una investigación judicial. Mattos fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), donde están recluidos algunos de los criminales más peligrosos del país.
Imputación a exfuncionarios
El 2 de octubre de 2024, los exfuncionarios relacionados fueron imputados por peculado por uso y prevaricato por omisión. Mattos buscó negociar un principio de oportunidad, ofreciendo la donación de dos camionetas Hyundai valoradas en más de 182 millones de pesos cada una, pero una jueza de Bogotá negó el acuerdo y la Fiscalía procedió a imputarlo.
Audiencia de imputación
Durante la audiencia, la fiscal del caso señaló que Mattos ejerció presión e intimidación sobre los dragoneantes para modificar las rutas de las citas médicas y visitar su oficina. "El señor Mattos determinó a los funcionarios cuando provocó en ellos la decisión de realizar los cambios", afirmó. Agregó que se usó un vehículo exclusivo para remisiones médicas autorizadas para actividades no permitidas, como labores cotidianas en su oficina.
La defensa de Mattos se opuso a la imputación, argumentando que parecía dirigida a funcionarios del INPEC. El empresario declaró no entender el tiempo, modo y lugar de los hechos: "No tengo claro acerca del tiempo, modo y lugar de los eventos que la Fiscalía quiere imputarme. En ningún momento la Fiscalía mencionó cómo, cuándo y dónde determiné o induje a los dragoneantes". Afirmó que las paradas en la oficina fueron por razones humanitarias, ya que está en la ruta hacia la clínica, y que asistió a todas las citas médicas.
La fiscal respondió que Mattos amenazó a los guardias con hablar con el director del INPEC si no modificaban la ruta. El caso continúa en proceso judicial, mientras se espera un eventual juicio para determinar la responsabilidad del empresario en los delitos imputados.
