El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, ha sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación por demorarse en cumplir una orden judicial relacionada con la entrega de un bien inmueble. El fallo de primera instancia ordenó una suspensión de seis meses contra Harman, debido a las irregularidades que se presentaron en el trámite de un despacho comisorio vinculado con la entrega y el restablecimiento del bien, cuando ejercía como alcalde de Villavicencio, en el departamento del Meta.
Detalles de la sanción
El ente de control logró demostrar que el entonces funcionario tramitó varias recusaciones y posteriormente se declaró impedido dentro de una diligencia judicial en la que actuaba como funcionario comisionado, pese a que la ley prohíbe ese tipo de actuaciones a quienes cumplen esa función. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento explicó en su decisión: “la conducta del exmandatario generó demoras injustificadas en la ejecución de una orden judicial de restablecimiento de derechos proferida en el 2022, afectando el cumplimiento oportuno de las decisiones adoptadas por la autoridad competente”.
Conversión de la suspensión en multa
Las pruebas dentro de este proceso lograron que la falta de Felipe Harman fuera calificada como “grave cometida a título de culpa grave”. Sin embargo, como actualmente no se encuentra en ejercicio del cargo por el que se declaró disciplinariamente responsable, la sanción de suspensión se convirtió en una multa que deberá pagar según salarios básicos mensuales. La Procuraduría determinó que el monto de la multa equivale a varios meses de su salario básico, aunque no se especificó el número exacto en el comunicado oficial.
Esta sanción se suma a otros procesos disciplinarios que han enfrentado funcionarios de la ANT en los últimos años, en medio de las críticas por la gestión de la entidad en la formalización de tierras y la resolución de conflictos prediales. Harman, quien asumió la dirección de la ANT en 2023, ha sido cuestionado por presuntas irregularidades en su gestión anterior como alcalde de Villavicencio.
La decisión de la Procuraduría es de primera instancia, por lo que Harman podría apelar ante una instancia superior. Mientras tanto, el director de la ANT continúa en su cargo, aunque la sanción económica ya está en firme. Este caso pone de relieve la importancia de la celeridad en el cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de los funcionarios públicos, especialmente en temas relacionados con la restitución de derechos y la entrega de inmuebles.
