Colombia atraviesa uno de los litigios internacionales más delicados de los últimos años. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) notificó al país en noviembre de 2024 que perdió un pleito jurídico que lo obliga a pagar 379 millones de dólares (aproximadamente 1,4 billones de pesos) al magnate español de las telecomunicaciones Telefónica, conocida en Colombia como Movistar. Sin embargo, esta semana es clave para intentar anular ese millonario desembolso.
Audiencia decisiva en París
El 3 y 4 de junio, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) tiene cita en París para presentar sus argumentos y buscar la anulación del expediente. El proceso se llevará a cabo en una audiencia presidida por un comité ad hoc del mismo Ciadi, que evaluará si Colombia debe desembolsar los recursos.
El director internacional de la Andje, Yebrail Haddad, explicó que todas las actuaciones de Colombia han tenido en cuenta la audiencia. Trabajan de manera conjunta con la firma internacional Wordstone Dispute Resolution en la preparación de la estrategia concreta.
Origen del conflicto
Para entender el caso, hay que remontarse a los contratos de concesión firmados en la década de los noventa entre la Nación y Telefónica para la operación del servicio de telefonía móvil. En dichos acuerdos quedó consignada la cláusula 33, que establecía que la empresa debía revertir a la Nación los bienes y activos utilizados para la prestación del servicio una vez finalizara la concesión.
Con el paso de los años, la interpretación de esa cláusula generó un fuerte choque entre el Estado colombiano y la compañía española. Mientras las autoridades nacionales consideraban que la reversión incluía infraestructura y activos físicos, Telefónica defendía que únicamente estaba obligada a devolver el espectro radioeléctrico asignado para operar.
La disputa llegó primero a instancias nacionales. En 2017, un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá ordenó a la multinacional pagar más de 3 billones de pesos a la Nación debido a la imposibilidad de devolver físicamente los bienes relacionados con la concesión.
Recurso de anulación
Tras el fallo del Ciadi en noviembre de 2024, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado promovió un recurso de anulación y consiguió inicialmente que se suspendiera temporalmente la ejecución del laudo, impidiendo que la empresa iniciara el cobro inmediato de los recursos.
No obstante, en marzo pasado, el comité ad hoc del Ciadi decidió levantar la suspensión provisional que protegía a Colombia mientras avanzaba el trámite de anulación. La medida se produjo luego de que el Estado colombiano no pudiera presentar una garantía de pago que respaldara una eventual condena definitiva.
Con esa decisión, Telefónica quedó habilitada para avanzar en la ejecución del laudo y reclamar formalmente el dinero ordenado por el tribunal internacional. Aun así, expertos consultados sostienen que el proceso todavía no está completamente cerrado, debido a que sigue pendiente la decisión de fondo sobre la solicitud de anulación presentada por Colombia, lo cual sucederá tras la audiencia de esta semana.
Posición de Colombia
La defensa colombiana mantiene la expectativa de anular el fallo arbitral, especialmente porque existe un antecedente casi calcado que terminó favoreciendo al país. En 2021, el Ciadi rechazó una demanda idéntica presentada por Claro, filial de América Móvil, relacionada también con una controversia sobre la reversión de activos en telecomunicaciones.
A pesar de las similitudes entre ambos procesos, expertos en arbitraje internacional han explicado que las diferencias entre los tratados de inversión suscritos por Colombia con México y con España podrían haber influido en que los tribunales adoptaran decisiones distintas frente a Claro y Telefónica.
El director de la Andje, César Palomino, concluyó: "Ambas partes han contado con la oportunidad de presentar al comité ad hoc dos escritos explicando sus argumentos. Por eso para la Andje la audiencia es fundamental. Es la oportunidad de presentar, frente a los miembros del comité ad hoc, los argumentos. Podremos absolver las preguntas que ellos tengan y explicaremos de manera bastante detallada por qué el laudo debería ser anulado".
Más allá del impacto económico que tendría una condena de esta magnitud contra el país, el caso también pone bajo la lupa la estabilidad jurídica de Colombia frente a los inversionistas extranjeros. El desenlace será observado de cerca por compañías internacionales interesadas en sectores estratégicos como telecomunicaciones, infraestructura y servicios públicos.
