La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el expediente que denuncia la impunidad sostenida en el asesinato de la periodista Silvia Margarita Duzán, ocurrido en febrero de 1990 en Cimitarra, Santander. Duzán, hermana de la también periodista María Jimena Duzán, es recordada por retratar la guerra en el Magdalena Medio y los Santanderes, así como en los guetos de las grandes ciudades.
Los hechos del crimen
Silvia Margarita Duzán fue asesinada durante su primer día de reportería para un documental sobre la situación de derechos humanos en Cimitarra, encargado por el Canal 4 de la televisión británica. El medio londinense buscaba reconocer la labor de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), una organización neutral que rechazaba la violencia de cualquier grupo armado. Hombres armados la acribillaron en un restaurante, junto a los líderes campesinos que iba a entrevistar. Desde entonces, el caso ha permanecido en la impunidad.
La demanda ante la Corte IDH
La CIDH invocó a la Corte IDH para que juzgue al Estado colombiano por la violación de los derechos a la vida y a la libertad de expresión de Silvia Margarita Duzán Sáenz, así como de los derechos de sus familiares a la integridad personal, las garantías judiciales, la libre circulación y la protección judicial. También se incluyen los derechos a la vida, integridad personal, libertad de expresión y asociación de los líderes de la ATCC.
Según el expediente, al momento de los hechos Duzán era periodista de la BBC de Londres y realizaba el documental Las otras guerras de la coca. La Comisión señaló que existía un riesgo especial para ella, no solo por su profesión y género en el contexto del país y la región, sino también por la información que cubría y difundía.
¿Quién fue Silvia Margarita Duzán?
El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina la describe como una periodista apasionada por la cultura urbana, especializada en adentrarse en las galladas, modas y gustos de los sectores marginales. Publicó crónicas sobre el lado sórdido de la ciudad, la música y los jóvenes pandilleros, con una capacidad única para desentrañar experiencias urbanas marginales.
Criada en el barrio Chicó de Bogotá, junto a sus hermanos Juan Manuel y María Jimena, estudió nueve semestres de economía en la Universidad de Los Andes, donde adoptó pensamientos de izquierda. Allí fundó con su hermana el periódico El Escalón, el primero de esa universidad. Abandonó la carrera para trabajar en la recién fundada revista Semana, influenciada por su padre, Lucio Duzán, columnista de El Espectador. En los ochenta escribió crónicas y reportajes sobre política, nación, vida e investigación.
A pesar de su breve militancia en el M-19, nunca adoptó un lenguaje dialéctico radical. Le atraía la vida del militante en riesgo, y de esa experiencia derivó un periodismo transgresor, enfocado en prostitutas, delincuentes y sicarios.
Periodista de guetos
Con el tiempo, Duzán se sumergió en el periodismo de investigación en Bogotá, abordando problemáticas sociales y de sicariato en el barrio La Macarena, y luego en Medellín. Entrevistaba a los protagonistas de la violencia desde un aspecto humano y trascendental. A finales de los ochenta, ya era una figura reconocida en el gremio. Sus trabajos marcaron una forma viva y contemporánea de hacer periodismo, por lo que fue contactada desde Londres para documentar el liderazgo de Josué Vargas Mateus, Miguel Ángel Barajas Collazos y Saúl Castañeda Zúñiga, de la ATCC.
El 26 de febrero de 1990, hacia las 9:30 p.m., Silvia se reunió con líderes campesinos en el restaurante La Tata, en el parque central de Cimitarra. Allí fueron atacados por tres hombres armados. Silvia resultó herida y falleció en el centro médico.
La investigación bajo sombras
La CIDH encontró graves deficiencias en la respuesta estatal, incluyendo demoras prolongadas, inactividad y la intervención de la Justicia Penal Militar en el análisis de la responsabilidad de un sospechoso. Por la masacre fueron investigadas 37 personas, entre ellas el paramilitar Hermógenes Mosquera, alias Mojao, cercano al jefe paramilitar Henry Pérez. En 2020, la Fiscalía declaró el homicidio como crimen de lesa humanidad, por ser un ataque sistematizado de grupos paramilitares. Sin embargo, la investigación no avanzó más allá. Todo lo que se conoce del crimen se debe a la investigación de María Jimena Duzán.
Aunque durante décadas se investigó a agentes estatales y otras personas presuntamente vinculadas a grupos paramilitares, todos fueron absueltos. La CIDH denunció que, más de tres décadas después, no existe ninguna condena. Esto motivó llevar el caso ante la Corte IDH, donde Colombia podría ser condenada a ofrecer disculpas públicas y reparaciones materiales y simbólicas, para darle al crimen la trascendencia que merece.
