Es común que en algunos barrios de Bogotá las familias amplíen sus casas y, sin licencia de construcción, agreguen una o dos plantas para habilitar nuevos apartamentos. El objetivo puede ser valorizar la propiedad, generar ingresos adicionales o simplemente independizar a un familiar. Sin embargo, cuando intentan legalizar la obra —para evitar sanciones, vender o contar con escrituras individuales por piso— muchas personas desisten al encontrarse con un gran obstáculo: el elevado costo de la compensación que deben pagar al Distrito.
El problema de la compensación urbana
La compensación es un pago que exige la administración distrital para equilibrar el impacto urbanístico de las construcciones no autorizadas. Este monto puede resultar prohibitivo para muchos hogares, especialmente en zonas de estratos populares. La Secretaría de Planeación, liderada por Carlos Fernando Galán, ha recibido numerosas quejas de ciudadanos que consideran que las tarifas son desproporcionadas en comparación con el valor de sus propiedades.
Consecuencias de la falta de legalización
Al no legalizar las obras, los propietarios se exponen a multas y a la imposibilidad de vender formalmente los inmuebles. Además, las viviendas informales no cuentan con servicios públicos legalizados ni con la posibilidad de obtener créditos hipotecarios. Esto genera un círculo vicioso que afecta tanto a las familias como al ordenamiento territorial de la ciudad.
Propuestas para reducir la carga
Ante esta situación, algunos concejales y líderes comunitarios han propuesto ajustar las tarifas de compensación, especialmente para viviendas de interés social. También se ha sugerido crear planes de pago flexibles o exenciones parciales para quienes demuestren que la ampliación es para uso familiar. La administración distrital estudia estas alternativas, aunque aún no se han concretado cambios en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Mientras tanto, las familias continúan buscando opciones para regularizar sus viviendas, con la esperanza de que el costo de la compensación no sea una barrera insalvable. La legalización no solo beneficia a los propietarios, sino que contribuye a una ciudad más ordenada y equitativa.
