La Fiscalía General de la Nación informó que Juan Camilo Muñoz Gaviria, conocido como alias 'Teta', y Juan David Echavarría Zapata, alias 'Chuky', presuntos responsables del asesinato de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años residente en Bello (Antioquia), no serán liberados a pesar de las inquietudes sobre un posible vencimiento de términos en el proceso judicial en su contra.
Avances en el proceso judicial
El ente acusador detalló que, en el marco de la investigación, la Fiscalía ha cumplido con todas las actuaciones dentro de los plazos legales y ya presentó acusación formal contra ambos individuos. El caso se encuentra actualmente en la etapa de juicio. Un juez penal con funciones de conocimiento instaló la audiencia preparatoria, durante la cual la Fiscalía expuso la totalidad del material probatorio recopilado, el cual fue admitido por el despacho judicial.
Sin embargo, la decisión fue apelada por las defensas de los procesados, y será el Tribunal Superior de Antioquia el encargado de resolver el recurso. Una vez que la instancia superior emita su fallo, el juez podrá fijar la fecha para el inicio de las audiencias de juicio oral.
Nuevas investigaciones en curso
Además del proceso por el crimen de Sara Millerey, la Fiscalía reveló que recientemente vinculó a Muñoz Gaviria y Echavarría Zapata a una nueva investigación por el delito de concierto para delinquir, al considerarlos presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como 'El Mesa'. La imputación por este caso se realizó el pasado 22 de mayo.
A Juan David Echavarría Zapata también se le formuló un cargo por homicidio relacionado con un crimen ocurrido en abril de 2020 en el municipio de Bello, Antioquia. Como consecuencia de esta nueva actuación judicial, Echavarría Zapata recibió una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que mantiene vigente su privación de la libertad mientras avanzan las investigaciones.
Condenas previas impiden liberación
Por su parte, la Fiscalía indicó que Juan Camilo Muñoz Gaviria continuará recluido en un establecimiento penitenciario debido a que cumple una condena vigente de nueve años y diez meses de prisión, circunstancia que también impide su salida de la cárcel.
