La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo de primera instancia en el que sancionó a dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Santander por incurrir en conductas de acoso laboral contra su coordinadora regional. Los sancionados son el agente escolta Alexander Consuegra Payares y el oficial de protección Miguel Ángel Castellanos Montt, quienes fueron destituidos e inhabilitados por 12 años tras comprobarse su responsabilidad en la creación de un ambiente hostil dentro de la entidad.
Detalles de la investigación disciplinaria
De acuerdo con la investigación disciplinaria, los sancionados utilizaron insultos ofensivos para referirse a la funcionaria, además de publicar más de 100 mensajes injuriosos en redes sociales desde cuentas sindicales. En estas publicaciones, difundieron fotografías personales de la víctima y lanzaron acusaciones sin sustento relacionadas con presuntos hechos de corrupción. El Ministerio Público también evidenció que los implicados instauraron múltiples quejas en su contra, las cuales fueron archivadas por falta de pruebas.
Impacto en la víctima y el entorno laboral
Estas acciones, según el fallo, no solo afectaron el entorno laboral, sino que terminaron por obstaculizar el ejercicio de sus funciones, forzando su salida del cargo en el año 2020. El ente de control señaló que las conductas tuvieron un impacto grave en la salud mental de la víctima, generándole temor, zozobra y aislamiento. Incluso, debido al nivel de riesgo, fue necesario asignarle un esquema de seguridad.
Calificación de las faltas y recursos
La Procuraduría concluyó que no se trató de hechos aislados, sino de un ataque sistemático con componentes de sesgo de género, orientado a debilitar su autoridad y estabilidad emocional por tratarse de una mujer en un cargo de liderazgo. Finalmente, el organismo calificó las faltas como gravísimas cometidas a título de dolo. No obstante, indicó que los disciplinados interpusieron recurso de apelación contra la decisión.
