Protección legal para menores en el entorno digital colombiano
La reciente controversia pública entre los artistas Christian Nodal y Cazzu, centrada en la exposición mediática de su hija Inti, ha generado un importante debate en los hogares colombianos sobre los límites legales para compartir imágenes de hijos menores en internet. Lo que para muchas familias representa un gesto cotidiano de afecto, desde la perspectiva jurídica constituye un asunto de derechos fundamentales que puede derivar en procesos judiciales complejos.
La imagen del menor como dato personal sensible
En Colombia, la imagen de un menor de edad no se considera contenido ordinario, sino un dato personal sensible según la normativa vigente. Esta clasificación implica que su difusión en plataformas digitales requiere el consentimiento expreso de quienes ejercen la patria potestad, que generalmente corresponde a ambos progenitores. Cuando no existe acuerdo entre los padres, cualquiera de ellos tiene el derecho legal de oponerse a la sobreexposición digital del menor.
Daniel Felipe Rubio Velandia, socio del bufete Rodríguez Rubio Abogados, explicó en declaraciones al portal Asuntos Legales que "si uno de los padres en ejercicio de la patria potestad considera que la exposición de su hijo o hijos en redes sociales no es apropiada, puede oponerse y esto implicará en principio una controversia que deberán solucionar ya sea por vía conciliatoria o judicial ante un juez de familia si es que no logran ponerse de acuerdo".
Marco normativo de protección a la niñez
La legislación colombiana establece con claridad que los derechos de niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los deseos de los adultos. Esta protección trasciende las diferencias de criterio entre padres y se fundamenta en el "interés superior del menor", principio rector de la normativa de infancia.
Los pilares jurídicos que sustentan esta protección incluyen:
- La prohibición absoluta de exponer a menores a situaciones denigrantes, violentas, de desnudez o que afecten su dignidad personal.
- El artículo 33 de la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), que consagra el derecho a la intimidad y protege contra injerencias arbitrarias en la vida privada.
- La prevalencia de derechos fundamentales como la imagen, el buen nombre y el libre desarrollo de la personalidad sobre la voluntad parental.
- La exigencia de contar con madurez suficiente del menor para dar consentimiento o, en su defecto, autorización de representantes legales para monetización de contenidos.
- La Ley 2489 de 2025, que aunque busca crear entornos digitales seguros, ha sido criticada por expertos por no regular específicamente la creación de contenido parental.
Cuándo se requiere intervención judicial
La publicación de imágenes de menores en redes sociales está permitida en principio cuando se realiza dentro de un marco de respeto y protección. Sin embargo, el riesgo jurídico aumenta significativamente cuando el contenido vulnera la integridad del niño o niña. Rubio Velandia advirtió que si la información publicada es ilegal o expone al menor de forma inapropiada, los padres podrían enfrentar consecuencias jurídicas severas.
En estos casos, el proceso inicia generalmente con un intento de conciliación entre las partes. Si el conflicto persiste, corresponde a un juez de familia determinar si la publicación afecta la seguridad, privacidad o dignidad del menor. El experto precisó que la Ley 1098 de 2006 establece protección contra cualquier acción que afecte la dignidad de niños, niñas y adolescentes, incluyendo su correspondencia y domicilio.
La recomendación fundamental de especialistas es comprender que las redes sociales no constituyen espacios privados y que cada fotografía publicada representa una huella digital permanente que acompañará al menor durante toda su vida, con potencial impacto en su desarrollo futuro y oportunidades personales.
