Corte Suprema confirma condena de 6 años por violencia intrafamiliar, pero agresor sigue libre en Bucaramanga
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena de seis años por violencia intrafamiliar agravada contra José del Cristo Rivera López, pero en Bucaramanga la sentencia no se cumple: el agresor sigue libre y la víctima vive con miedo tras recibir amenazas de muerte. Para el alto tribunal, el caso está cerrado con un documento de jerga impecable y sellos oficiales que confirman los 72 meses de prisión. Sin embargo, para la mujer que sobrevivió a sus golpes, la justicia es apenas un papel que no la protege.
Un sistema que falla en el paso más vital
Hoy, su agresor sigue libre, caminando por las mismas calles de Bucaramanga y burlándose de una sentencia que nadie ha hecho cumplir. "Voy y la pago con gusto", le dijo el hombre cuando aseguraba que la mataría sin dudarlo. Lamentablemente, a pesar de la condena, esta amenaza no es un eco del pasado; es el terror diario de una mujer que, tras años de pelear en los estrados judiciales, ve cómo el sistema falla en el último y más vital de los pasos: capturar a quien la amenazó con quitarle la vida.
La historia de este expediente es un reflejo de los obstáculos que enfrentan las mujeres que denuncian violencia de género e intrafamiliar en Colombia. Todo empezó en septiembre de 2019, cuando la Fiscalía acusó formalmente a Rivera López. El primer golpe de desesperanza llegó en 2020, cuando el Juzgado 20 Penal Municipal de Bucaramanga anunció un fallo absolutorio. Parecía que la violencia quedaría en la impunidad total.
Cinco años de incertidumbre y una condena tardía
Tuvieron que pasar cinco años de incertidumbre para que, el 30 de julio de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga corrigiera ese error: revocó la absolución y lo condenó a seis años de cárcel, negándole cualquier beneficio de casa por cárcel o suspensión de la pena. Rivera López tenía que ir a prisión. Desesperada, la defensa del agresor intentó tumbar la condena con un recurso de "impugnación especial", pero la estrategia no funcionó: el plazo vencía el 5 de septiembre de 2025 y sus abogados lo radicaron el 16. El Tribunal, por supuesto, se lo negó por llegar tarde.
El caso escaló hasta la máxima instancia judicial del país. El pasado 21 de enero de 2026, a través del auto AP273-2026, el magistrado José Joaquín Urbano Martínez de la Sala de Casación Penal fue tajante: el recurso de la defensa estuvo "bien negado" por extemporáneo. La Corte dejó en firme la condena de 72 meses y advirtió que contra esta decisión no procede ningún otro recurso. Fin del debate jurídico.
La víctima en pánico mientras el agresor merodea
Pero mientras los magistrados firmaban el auto en Bogotá, en Bucaramanga la víctima entraba en pánico. El propio documento judicial reconoce que el procesado enfrentó las últimas etapas de este proceso en total libertad. En octubre pasado, la mujer lo vio merodeando cerca de su casa. La sombra del hombre que la violentó y que hoy tiene una orden de captura a cuestas, sigue proyectándose sobre su vida y la de su familia.
Hoy, el expediente entra en su fase de cumplimiento. En la teoría, esto significa que las autoridades competentes deben hacer efectiva la captura y trasladar a José del Cristo Rivera López a un centro penitenciario. En la práctica, la víctima sigue atrincherada en el anonimato y el miedo, rogando que la policía actúe antes de que la amenaza de "pagarla con gusto" se convierta en un feminicidio.
Exigencias urgentes y cifras alarmantes
Con el acompañamiento de sus abogadas, la mujer exige que se materialice la orden de captura de manera urgente y que se activen anillos de seguridad efectivos. Ya ganó la batalla en los tribunales; ahora solo pide sobrevivir para poder vivir en paz. Para la abogada y magíster Yamile Roncancio Alfonso, el atasco institucional no puede convertirse en coartada para la impunidad. Si en Fiscalía no hay respuesta, recuerda que la acción de tutela es una vía legítima para exigir movimiento real en el proceso: "Si el fiscal calla, la acción de tutela es un mecanismo legítimo para exigir avances procesales".
Roncancio insiste en que las víctimas tienen derecho a saber qué pasa con su caso y a escalar peticiones ante seccionales o sede nacional. También subraya que el acompañamiento jurídico no debería depender del bolsillo: la Defensoría del Pueblo ha fortalecido unidades especializadas con enfoque de género para asumir representación en violencias sexuales y feminicidios.
Las cifras muestran por qué la urgencia es ahora. En Bucaramanga, entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2026, la Patrulla Púrpura intervino 113 casos y opera como primera línea de contención. A nivel nacional, solo en enero de 2026 se documentaron 28 feminicidios consumados, 26 tentativas y 4 transfeminicidios; y el balance de 2025 incluyó 118 mujeres asesinadas, 333 tentativas, además de 28 mujeres trans asesinadas.
Si el agresor vuelve a aparecer, amenaza o ronda, Roncancio plantea una ruta concreta:
- Intervenir ante el juez de ejecución de penas y denunciar de inmediato, porque las nuevas amenazas y constreñimientos son delitos autónomos.
- Activar protocolos de emergencia como la 'Alerta Rosa' para obligar coordinación entre Policía y Fiscalía antes de que sea tarde.
La condena no basta si el agresor sigue libre, y esta historia en Bucaramanga es un crudo recordatorio de las fallas sistémicas que ponen en riesgo la vida de las víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia.
