Víctimas del conflicto armado denuncian penalmente a ejecutivos de Puerto Pisisí
La Fundación Forjando Futuros, organización que brinda acompañamiento jurídico a víctimas de despojo principalmente en el departamento de Antioquia, anunció que ha respaldado la presentación de una denuncia penal contra los altos ejecutivos del megaproyecto portuario Puerto Pisisí, ubicado en el municipio de Turbo, en la región de Urabá antioqueño.
Detalles de la denuncia ante la Fiscalía General
Según informó la fundación, la Fiscalía General de la Nación recibió formalmente una denuncia penal contra la sociedad portuaria, representada legalmente por Teófilo Lemus y el inversionista español José María Pernas. La acción judicial busca que la Fiscalía inicie una investigación exhaustiva por los presuntos delitos de estafa agravada y abuso de confianza, cometidos en perjuicio directo de familias reconocidas como víctimas del conflicto armado en la zona de Urabá.
Gerardo Vega Medina, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras y actual director de Forjando Futuros, explicó que "han pasado seis años y la empresa no ha cumplido una sola de las obligaciones pactadas". El abogado agregó que "por eso acudimos a la Fiscalía, porque estamos frente a una estafa agravada contra familias que ya fueron reconocidas como víctimas por la justicia colombiana".
Antecedentes del caso y compromisos incumplidos
Para comprender la magnitud del caso, es necesario remontarse al año 2022, cuando el Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Apartadó otorgó protección judicial a un grupo de familias de la región. Estas familias reclamaban legítimamente las tierras donde actualmente se desarrolla el megaproyecto portuario, terrenos de los cuales fueron desplazadas forzosamente durante los años más críticos del conflicto armado.
El expediente judicial documenta que la Sociedad Portuaria de Puerto Pisisí se comprometió formalmente a no participar como opositora en el proceso de restitución de tierras y, adicionalmente, ofreció una compensación integral a las víctimas. En este contexto específico, el 27 de abril de 2021, las partes suscribieron un Memorando de Entendimiento mediante el cual la empresa se comprometió a:
- Entregar tierra rural apta para cultivo
- Proporcionar vivienda digna
- Implementar proyectos productivos sostenibles
- Crear una empresa asociativa de carácter comunitario
- Pagar hasta tres salarios mínimos mensuales por cada núcleo familiar afectado
Todos estos compromisos formaban parte integral del proceso de reparación colectiva acordado. Sin embargo, según la denuncia presentada, ninguno de estos acuerdos ha sido ejecutado por parte de la empresa portuaria.
Contexto histórico de las víctimas y sus reclamos
La denuncia fue interpuesta directamente por campesinos reconocidos oficialmente como víctimas de hechos violentos ocurridos entre 1991 y 1996 en la vereda Casanova, municipio de Turbo, Antioquia. Los casos están directamente relacionados con los asesinatos de los concejales Hoover Quintero y Luis Eduardo Cubides, así como del secretario del Concejo, Candelario Pérez de la Rosa, todos militantes históricos de la Unión Patriótica.
Los predios despojados, que actualmente forman parte del proyecto Puerto Pisisí de Urabá, fueron incluidos en el Registro Nacional de Tierras Despojadas, a pesar de que hoy figuran legalmente a nombre de la Sociedad Portuaria Pisisí S.A. A través de decisiones judiciales firmes, se ordenó una compensación por equivalencia que, además de no haberse cumplido en su totalidad, ha generado mayor frustración entre las comunidades afectadas.
Vanderley Quintero, representante legítimo de las familias afectadas, expresó con claridad: "Fuimos engañados para llegar a un acuerdo que nunca se cumplió. Exigimos que se respete la memoria de quienes ya no están y los derechos de quienes seguimos esperando una reparación integral".
Posición de las víctimas frente al proyecto
Los reclamantes de tierras han aclarado enfáticamente que no se oponen al desarrollo del proyecto portuario, pero tampoco renuncian a sus derechos fundamentales reconocidos por la justicia colombiana. Las víctimas aseguran que han agotado todas las vías de diálogo posibles sin obtener respuestas concretas ni soluciones efectivas por parte de la empresa.
Este caso evidencia los desafíos persistentes en los procesos de restitución de tierras y reparación integral a víctimas del conflicto armado, especialmente cuando intervienen grandes proyectos de infraestructura en territorios con historial de violencia y despojo. La resolución de este conflicto podría establecer un precedente importante para casos similares en otras regiones del país.
