La JEP actualiza la cifra de ejecuciones extrajudiciales
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer públicamente, durante una audiencia del Caso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales, que la cifra consolidada de este tipo de asesinatos en Colombia es de 7.837, en el periodo 1990-2016. La entidad abrió el espectro de estudio, luego de que hace unos años estableciera que, solo entre 2002-2008, se presentaron hasta 6.402 casos. Para comprender mejor los hallazgos, EL TIEMPO contactó al presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien entregó detalles de este consolidado que, asegura, es una mirada más amplia de un fenómeno sórdido de la guerra nacional.
¿Qué llevó a la JEP a comunicar estos nuevos hallazgos?
El magistrado Ramelli explicó que esta cifra no es nueva en términos sustantivos. Desde finales del año pasado, cuando se terminó el ejercicio de actualización, en distintas audiencias de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, incluyendo una realizada en febrero de este año en Medellín con participación del comandante de la Cuarta Brigada, ya se habían hecho públicos elementos relevantes derivados de este proceso de actualización. Más recientemente, tras la audiencia sobre la masacre de La Resbalosa, los medios retomaron y amplificaron estos hallazgos, dándoles una visibilidad que antes no habían tenido. De tal suerte que, de tiempo atrás, la JEP venía compartiendo con la sociedad colombiana los resultados de este trabajo de actualización de cifras.
Por último, el presidente de la JEP aclaró que este nuevo universo provisional de hechos se explica porque la JEP amplió su período de análisis del fenómeno criminal y porque analizó mucha más información contenida en otras bases de datos, y en casi un millar de informes presentados por las organizaciones de víctimas, realizando un trabajo de depuración de datos.
¿La cifra de 6.402 ejecuciones en el periodo 2002-2008 sigue siendo válida?
Ramelli afirmó que no es que la cifra anterior fuera equivocada, sino que correspondía a un periodo diferente. Con este nuevo estudio, lo que se puede decir es que esa cifra se mantiene y corresponde al periodo 2002 al 2008. Hubo una concentración de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, eso es verdad y se mantiene. Lo que se quiere explicar es que el fenómeno ni apareció en el 2002 ni terminó en el 2008.
¿Qué pasó después del 2010?
También hubo casos. Entre 2010 y 2016, año de cierre del período de documentación, están registrados 335 casos, incluyendo repuntes concretos como los de 2011, con 83 casos, y 2015, con 55 casos. Reconocer esos casos es fundamental para entender que desmontar este tipo de prácticas no es inmediato, y que incluso niveles más bajos de ocurrencia nunca deben ser normalizados ni invisibilizados. De allí la importancia de analizar esas ventanas de “pocos casos” y la necesidad de ampliar el periodo de observación.
Los patrones de violencia no desaparecen de un momento a otro, requieren procesos complejos de transformación institucional, control y rendición de cuentas. Cuando los casos disminuyen, existe el riesgo social de normalizar su existencia, de considerarlos ‘hechos aislados’ o ‘pocos casos’, lo que puede llevar a su invisibilización.
¿Qué pasó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez?
El mayor número de registros de víctimas de ejecuciones extrajudiciales se presentó durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010, con 3.941 víctimas, lo que representa aproximadamente el 50,29% del total. El menor número de registros se presentó durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, con 99 víctimas, equivalentes al 1,26% del total, tomando como referencia únicamente los años 2014 a 2016. Sin embargo, con períodos completos observados el de menor número es el primer período de Juan Manuel Santos, con 236 víctimas que corresponde al 3%.
En el gobierno de César Gaviria se encontraron 406 casos; en el de Ernesto Samper, 344; y en el de Andrés Pastrana, un total de 340. Diversas decisiones de la JEP, como las imputaciones realizadas en el caso conjunto del Cementerio Las Mercedes de Dabeiba y el subcaso Meta, dan cuenta de la existencia de estos fenómenos criminales desde antes del año 2002, si bien con características y patrones diversos a los encontrados entre los años 2002 y 2008.
En derecho comparado con otros países, ¿en qué posición deja este expediente a Colombia?
Desde el punto de vista comparativo, este expediente sitúa a Colombia en una posición compleja, pero al mismo tiempo singular, porque combina la magnitud de un fenómeno criminal de gran escala con una respuesta judicial que no tiene precedentes en el ámbito internacional. Por la magnitud del fenómeno, estamos frente a un caso excepcional pues contamos con un universo provisional de 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, muchas de ellas seguidas de desapariciones forzadas. Todo lo anterior ha sido posible investigando en contexto este fenómeno criminal y reconstruyendo patrones criminales a lo largo de todo el territorio nacional. De allí que se logra superar con creces el umbral de verdad alcanzado por la justicia ordinaria en su momento. Este trabajo ha sido monitoreado y destacado por la Corte Penal Internacional y, en su momento, por el Consejo de Seguridad de la ONU.
¿Qué decirles a los negacionistas de las ejecuciones extrajudiciales?
A quienes niegan o minimizan el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, hay que responderles con un principio simple y verificable: Esto no es una opinión. Es evidencia acumulada, contrastada y judicializada. No estamos ante relatos aislados, sino ante miles de casos documentados, construido con fuentes estatales, decisiones judiciales, pruebas recaudadas por la JEP, testimonios y 899 versiones voluntarias de los comparecientes, a lo largo de las cuales reconocieron haber cometido muchos delitos jamás investigados. No se trata de un simple debate sobre cifras, lo que está de por medio son seres humanos.
