Una historia de resistencia que culmina con justicia tras cuarenta años
La familia Páez Mahecha, símbolo de tenacidad en la vereda Alto Grande del municipio de La Palma, en Cundinamarca, finalmente ha podido regresar a sus tierras después de cuatro décadas marcadas por la violencia y el desplazamiento forzado. Esta conmovedora historia de restitución judicial representa un triunfo de la perseverancia frente a la sevicia de las Farc, que persiguió hasta la muerte a Samuel Páez León y varios de sus hijos por negarse a colaborar con la guerrilla.
El precio de defender la tierra y la dignidad
Samuel Páez León se convirtió en un ícono de resistencia por su firme negativa a pagar las vacunas que las Farc exigían durante su expansión hacia el centro del país. Tampoco accedió a entregar a sus hijos para reclutamiento ni puso sus fincas a disposición de los milicianos, incluso cuando tuvo un arma apuntándole directamente. Esta postura valiente le costó la vida a él y a tres de sus hijos, desatando una cacería criminal que obligó a la familia a desplazarse en cinco ocasiones diferentes.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT), acompañada por un juez especializado y representantes de Naciones Unidas, realizó la entrega material de las fincas La Calera, Cañuelaes 1, Cañuelales 2 y Alto Grande. Estos predios, abandonados forzosamente en múltiples ocasiones debido a la persistente presencia de la antigua guerrilla, ahora vuelven a manos de sus legítimos dueños por orden del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca.
Una odisea marcada por la tragedia y la perseverancia
La primera arremetida ocurrió en 1983, cuando Samuel Páez se negó a pagar una extorsión exigida por las Farc. En represalia, los guerrilleros asesinaron a una de sus hijas de apenas cuatro años, desencadenando el primer desplazamiento hacia Bogotá. A pesar del peligro, la familia regresó un año después, solo para enfrentar nuevos ataques.
En 1985, milicianos de la guerrilla asesinaron a Marcos Páez Gutiérrez, otro hijo de la familia, por la reiterada negativa al pago de vacunas y la oposición a entregar menores de edad para reclutamiento. Este hecho motivó el segundo desplazamiento forzado, pero la familia nuevamente retornó, demostrando una resiliencia extraordinaria.
La tragedia alcanzó su punto más álgido el 25 de octubre de 1990, cuando Samuel Páez León fue asesinado a sangre fría mientras trabajaba en la plaza de mercado de La Palma. Junto a él cayó otro de sus hijos, Leopoldo Páez Gutiérrez, además de una ciudadana llamada Aidé Isaza y el director de la cárcel municipal, Alirio Medina. Esta masacre no quebrantó el espíritu de los sobrevivientes, quienes continuaron resistiendo en sus fincas.
Cinco desplazamientos y un regreso histórico
Para 1994, los Páez Mahecha recibieron una carta escrita en rojo donde se les amenazaba con el exterminio de toda la familia, lo que provocó su tercer desplazamiento hacia el municipio de Pacho. Sorprendentemente, después de tres meses regresaron nuevamente, logrando establecerse por aproximadamente siete años antes de enfrentar lo que describen como la peor época de violencia en la región.
Según el Sistema de Población Desplazada (SIPOD), el conflicto armado redujo a la mitad la población de La Palma, que pasó de aproximadamente 21.000 habitantes a una cifra significativamente menor debido al desplazamiento forzado. "Los Palmeros abandonaron sus fincas y la mayoría de las veredas quedaron totalmente desocupadas", documenta la sentencia judicial que finalmente falló a favor de la familia.
El episodio más cruel ocurrió en 2009, cuando la familia descubrió a su perro guardián destripado y colgado de un árbol, un mensaje macabro que confirmaba que la paz seguía siendo esquiva en la región. Este hecho marcó el quinto y último desplazamiento, que llevó a María Eugenia Páez Mahecha y parte de su familia primero a Pacho y finalmente a Bogotá, donde residió hasta el histórico fallo judicial.
La restitución como reparación histórica
El juez de restitución evidenció las nulas condiciones de seguridad que enfrentó la familia durante décadas, obligándolos a un eterno retorno sin solución hasta este 2026. La sentencia no solo ordenó la devolución de los predios, sino que también instruyó a la Unidad para las Víctimas a reconocerlos formalmente como tales e integrarlos a sus ofertas institucionales. Además, el Ministerio de Salud deberá garantizarles acceso especial a servicios de asistencia médica.
El caso resultó tan impactante para el magistrado que envió copias del proceso al Centro Nacional de Memoria Histórica para que registre este sórdido episodio de la violencia colombiana. La restitución fue acompañada por Naciones Unidas, subrayando su importancia como ejemplo de justicia transicional y reparación a víctimas del conflicto armado.
Un legado que renace desde la tierra
María Eugenia Páez Mahecha, quien acudió a la entrega con botas exploradoras y una maleta lista para quedarse, expresó emocionada: "Este es el día más grandioso. El día que estoy recuperando nuestra tierra y a toda mi familia. Yo sé que ellos ya se fueron, mi papá y mis hermanos, pero aquí seguimos. Desde aquí puedo volver a ver el sueño de mi papá".
Recordó las últimas palabras de su padre: "Si un día yo no estoy, no dejen perder las tierras", un mandato que ha guiado a la familia durante todos estos años de lucha. Para 1983, los Páez Mahecha habían convertido sus tierras en un centro de producción agrícola que beneficiaba a toda la comunidad de La Palma, cultivando café, cacao, arracacha, yuca, maíz, plátano y aguacates en sus fértiles terrenos.
Samuel Páez León también es recordado por gestionar ante la alcaldía varias de las vías que hoy conectan la vereda Alto Grande con la cabecera municipal, caminos que lamentablemente se convirtieron en rutas de escape durante los años más violentos del conflicto.
María Eugenia reflexiona sobre el futuro mientras mira el horizonte de sus tierras recuperadas: "Recuerdo en mis años de juventud que todo era muy bonito. Era lo mejor que había. Estas veredas, y no porque sean las tierras que mis papás dejaron, son, para mí, las más lindas. Y lo que usted siembre aquí pega". Concluye con una filosofía de vida forjada en la adversidad: "Siguen habiendo porrazos, pero cada porrazo nos hace más fuertes".
Esta restitución histórica no solo devuelve propiedades materiales a una familia que lo perdió todo, sino que simboliza la posibilidad de sanación para miles de víctimas del conflicto armado colombiano que aún esperan justicia y reparación integral.
