Cinco excomandantes de las Farc reconocen crímenes de secuestro ante la JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a cinco antiguos comandantes del extinto Bloque Caribe de las Farc-EP a reconocer públicamente su responsabilidad por secuestros y otros crímenes cometidos durante los cautiverios. Los hechos ocurrieron en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla, abarcando subregiones como La Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá, Montes de María y La Mojana.
Audiencia de reconocimiento de verdad en Valledupar
La Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad se realizó el 21 de abril, con otra programada para el 24 del mismo mes en Valledupar. La JEP identificó como máximos responsables regionales a Abelardo Caicedo ('Solís Almeida'), Osmany Landero ('Hernando González'), Gilberto de Jesús Giraldo ('Aldemar Altamiranda'), Luis Cuadras ('Leonardo Guerra' o 'Leonardo Muñoz') y Uriel Oviedo ('Manuel Ortiz' o 'Mañe'). De estos cinco, únicamente Uriel Oviedo había enfrentado un proceso previo en la justicia ordinaria por estos delitos.
Graves crímenes imputados por la JEP
La entidad judicial imputó a estos individuos el crimen de guerra de toma de rehenes y otros crímenes perpetrados contra las personas cautivas, incluyendo:
- Dar muerte y tortura
- Tratos crueles y atentados a la dignidad personal
- Violencia sexual
- Desaparición forzada
- Desplazamiento forzado
"El secuestro económico era el más conocido. Era parte de un continuo de extorsión: boleteaban a la persona; si no pagaba, la secuestraban y, a veces, incluso pagando, igual la secuestraban por más dinero", explicó Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad.
También se les atribuyó el crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad. Por la extrema gravedad de estos hechos, los crímenes no pueden recibir amnistía ni perdón judicial, según afirmó la JEP.
Metodología de investigación rigurosa
Para imputar estos graves crímenes, la Sala de Reconocimiento de Verdad ejecutó una minuciosa contrastación judicial que incluyó:
- Análisis de informes de la Fiscalía General de la Nación
- Testimonios directos de víctimas
- Documentación de organizaciones civiles
- Versiones escritas y orales de 72 comparecientes de esta estructura
- Observaciones de 56 víctimas sobre las versiones de excombatientes
Además, se consideró el Auto No. 19 de 2021, que previamente imputó a siete antiguos integrantes del Secretariado de las Farc-EP por los secuestros cometidos en todo el país.
Patrones criminales del Bloque Caribe
La Sala determinó que el extinto Bloque Caribe actuó conforme a las políticas que el Secretariado les ordenó y ejecutó los secuestros siguiendo tres patrones criminales claramente definidos:
- Financiación de la organización armada: Secuestros con fines económicos
- Intercambio por guerrilleros presos: Privación de libertad para canje
- Control social y territorial: Secuestros para dominar comunidades
"Asumo la responsabilidad de los delitos cometidos ante mis hombres que estaban a mi mando. Reconozco ante las víctimas que esto es uno de los hechos que no tiene reparación. Ponerle precio a una persona no tiene nombre", manifestó Luis Cuadras durante la audiencia.
Impacto regional y casos emblemáticos
La investigación encontró que el Bloque Caribe constituyó una de las estructuras de las antiguas Farc-EP que más secuestros perpetró, siendo responsable del 15% de los casos que la antigua guerrilla cometió en todo el país. Solo fue superado por el Bloque Oriental (34%) y el Bloque Noroccidental (27%).
Entre los secuestros más impactantes se encuentran:
- La exministra de Cultura Consuelo 'La Cacica' Araújo, secuestrada en 2001 y asesinada durante un intento de rescate
- Fernando Araujo Perdomo, privado de la libertad durante seis años desde 2000
"En Cartagena impactó mucho el caso de Araújo, porque fue en Bocagrande. Generó una sensación fuerte de inseguridad: si eso podía pasar ahí, ¿dónde no?", narró la magistrada Lemaitre Ripoll.
Testimonios de las víctimas
Fernando Manuel Salas Martínez, víctima de secuestro, relató: "Varios guerrilleros llegaron a mi casa, con el fin de que yo citara una reunión vivienda por vivienda, para decir 'por qué me tenían que matar'". Agregó que durante su cautiverio "me utilizaban para buscar alimentos, cuidar ganados o incluso para tareas difíciles que yo nunca había hecho".
Eliecit Romero Gómez, otra víctima, pidió a los comparecientes que reconozcan más personas secuestradas: "Hoy también hablo por las víctimas que hoy no han sido reconocidas, aquellas están en sus hogares. Quiero que los comparecientes reconozcan el homicidio de varias personas y secuestros de funcionarios públicos".
Consecuencias jurídicas y próximos pasos
Luego de que los comparecientes del Bloque Caribe reconozcan su responsabilidad y aporten verdad completa, detallada y exhaustiva durante la audiencia, y mantengan sus compromisos con el Acuerdo Final de Paz, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones. Con esta decisión, el proceso pasará a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, instancia que se encarga de imponer las sanciones propias.
En caso de que los comparecientes no reconozcan su responsabilidad, la JEP remitirá sus casos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la entidad. Esa instancia deberá decidir si inicia un juicio adversarial, más parecido al de la justicia ordinaria, y en caso de ser hallados responsables por esa vía, podrían recibir sanciones de hasta 20 años de cárcel.
Este proceso representa un avance significativo en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en la región Caribe colombiana, contribuyendo a la construcción de una paz estable y duradera en el territorio nacional.
