Europa exige microchip a perros y gatos y prohíbe recortes estéticos
Europa: microchip obligatorio y fin de recortes en mascotas

El Parlamento Europeo ha dado un paso histórico este martes 28 de abril al aprobar las primeras normativas comunes de la Unión Europea destinadas a garantizar el bienestar de perros y gatos. Con esta legislación, el bloque busca regular con rigor un mercado que alcanza los 1.300 millones de euros y poner fin a prácticas sistemáticas de maltrato en el continente, que alberga a 72 millones de perros y 83 millones de gatos.

Medidas clave aprobadas

Entre las disposiciones más destacadas se encuentra la prohibición de cirugías estéticas, como el recorte de orejas y colas. También se veta la endogamia y la cría de ejemplares con rasgos físicos acentuados que comprometan su salud, como patas excesivamente cortas. No obstante, el texto aclara que la endogamia se permite en especies con baja diversidad genética, aunque prohíbe taxativamente el cruce de razas domésticas con especies salvajes para evitar comportamientos inapropiados.

La nueva normativa exige el uso obligatorio de microchips y establece criterios mínimos de cuidado para los animales que residen en refugios y perreras. Para los defensores de los derechos de los animales, este marco legal es una herramienta vital que "ayudará a combatir el tráfico de animales desde países como Bulgaria y Rumanía".

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Excepciones para perros de trabajo

Anteriormente, la UE solo se limitaba a regular requisitos sanitarios para viajes internos. Ahora, la ley protege integralmente a las mascotas, aunque establece excepciones específicas para los perros del ejército, la policía y la guardia fronteriza. Estos animales quedarán exentos de algunas normas, incluida la prohibición de collares coercitivos para el adiestramiento, permitiendo su uso en contextos de seguridad y entrenamiento oficial.

Impacto y alcance

La legislación representa un avance significativo en la protección animal a nivel europeo. Con cerca de 155 millones de mascotas en la UE, las medidas buscan garantizar condiciones de vida dignas y frenar el comercio ilegal. La implementación será gradual, y los países miembros tendrán un plazo para adaptar sus legislaciones nacionales.

Esta normativa ha sido celebrada por organizaciones animalistas, que consideran que sienta un precedente para futuras regulaciones en otros ámbitos del bienestar animal.

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