Cinco días de incertidumbre tras secuestro de menores en Antioquia
Cinco días después del secuestro de dos menores de edad en el corregimiento Puerto López, municipio de El Bagre (Antioquia), la disidencia de las FARC bajo el mando de Calarcá Córdoba aún no ha cumplido con su anuncio de entregar a las adolescentes a organismos humanitarios. Los hechos ocurrieron el 11 de marzo durante una incursión armada atribuida al llamado Frente Cuarto de esa estructura en el Bajo Cauca antioqueño.
Confrontación armada y retención de menores
El secuestro se produjo en medio de enfrentamientos entre la disidencia de las FARC y el Clan del Golfo por el control territorial en la zona. Según versiones de la propia disidencia, durante la incursión se produjo un intercambio de disparos con integrantes del Clan del Golfo, y en medio de la operación fueron retenidas las dos menores, a quienes acusaron de servir como "puntos" de esa organización criminal.
La Defensoría del Pueblo solicitó el viernes en un comunicado oficial la liberación inmediata de las adolescentes y advirtió que estos hechos representan una grave vulneración del derecho internacional humanitario. "Las menores de edad habrían sido sustraídas con fines de reclutamiento en medio de acciones violentas", señaló la entidad.
Posición institucional y llamado de alerta
La Defensoría recordó que, según el Derecho Internacional Humanitario, los niños, niñas y adolescentes tienen una protección especial y que su reclutamiento, utilización o privación de la libertad están estrictamente prohibidos. "El reclutamiento, uso y utilización, así como la toma de rehenes y cualquier forma de violencia contra la población civil, constituyen graves infracciones a esta normativa", afirmó el organismo.
Además, la entidad hizo un llamado especial a los medios de comunicación para que no divulguen información sobre la identidad de las menores que pueda afectar su seguridad e integridad personal.
Video bajo presión y silencio gubernamental
La disidencia difundió un video con pruebas de supervivencia en el que las adolescentes aparecen hablando frente a cámara. En la grabación, las menores dicen estar bien y afirman que se encontraban en una vivienda donde vivían integrantes del Clan del Golfo, quienes supuestamente les pedían observar los movimientos del Ejército Nacional.
Sin embargo, expertos en derechos humanos señalan que este tipo de videos suelen ser grabados bajo presión o en contextos de coerción, por lo que no necesariamente reflejan una situación de libertad para las víctimas.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció el domingo sobre el caso y cuestionó al Gobierno Nacional por la falta de pronunciamientos oficiales. "Cuatro días completan dos niñas de 15 y 14 años secuestradas por las FARC de Calarcá en el Bajo Cauca de Antioquia. El Gobierno Petro ha guardado silencio sobre este crimen de guerra", afirmó el mandatario regional.
Exigencias de liberación y contexto regional
Rendón pidió la liberación inmediata de las menores y exigió una reacción institucional contundente. "Liberen a las niñas ya, o que las Fuerzas Militares actúen con contundencia y las rescaten", señaló el gobernador, reflejando la creciente preocupación por la seguridad de las comunidades en la región.
Los hechos ocurren en medio del recrudecimiento de la confrontación entre la disidencia de las FARC bajo el mando de Calarcá Córdoba y el Clan del Golfo por el control territorial en el Bajo Cauca antioqueño. Esta disputa, que en las últimas semanas ha incrementado significativamente los riesgos para las comunidades de la región, se desarrolla paradójicamente mientras ambos grupos armados están en procesos de paz separados con el Gobierno Nacional.
La situación pone en evidencia las complejidades de la implementación de los acuerdos de paz en territorios donde persisten dinámicas de violencia y control armado, afectando especialmente a poblaciones vulnerables como niños, niñas y adolescentes.
