El Gobierno nacional y distrital cuestionaron fuertemente los bloqueos realizados por un grupo de indígenas de la comunidad emberá a la entrada de los edificios Bancol y BIP, en Bogotá, que impidieron el acceso de funcionarios del Ministerio del Interior desde las 9:30 de la mañana del miércoles 29 de abril.
Nueva jornada de protestas tras ruptura de diálogos
Esta nueva protesta se produce después de que los emberá se retiraran de una mesa de diálogo en la que exigían ser reubicados de inmediato para no regresar a la UPI Florida. Las autoridades propusieron una sesión del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y reubicarlos en predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Sin embargo, los indígenas abandonaron la mesa el 28 de abril e iniciaron la protesta al día siguiente, argumentando que los procesos tomaban demasiado tiempo.
Denuncia por instrumentalización de menores
El Gobierno nacional no solo cuestionó que se vulneraran los derechos de más de 1.200 funcionarios retenidos contra su voluntad, sino que también advirtió sobre la presencia de menores de edad durante toda la protesta. En un comunicado, señalaron: “Vemos con gran preocupación la instrumentalización que algunos líderes indígenas hacen de los niños, niñas y adolescentes, que son obligados a mantenerse en la vía pública, a pesar de la oferta permanente de la Secretaría Distrital de Integración Social y del ICBF para proteger sus derechos”.
El Gobierno afirmó que no hay “sustento para que esta comunidad indígena acuda a las vías de hecho, sobre todo cuando se han mantenido canales permanentes de diálogo y se ha ofrecido una amplia oferta de servicios”. Además, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, informó que agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) fueron agredidos con piedras, y que el Ministerio Público y el ICBF iniciarán acciones para restablecer los derechos de los menores.
Declaraciones del ministro Armando Benedetti
Al finalizar el día, el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó los hechos como “bastante graves”. Señaló que “una facción de los emberá retuvo, aunque podría hablar de secuestro, a 1.200 personas que trabajan en el Ministerio”. Benedetti explicó que los emberá reclaman nuevos recursos para retornar a sus territorios, mesas de diálogo y beneficios del Bienestar Familiar, pero “todo eso se les ha dado. Uno les da la plata para que retornen, están tres o cuatro meses y vuelven. Hay un grupo violento que ni siquiera deja entrar al Bienestar Familiar a revisar cómo se encuentran los niños”.
