Colombia asume responsabilidad internacional por masacre paramilitar de 1998
En un hecho histórico para la justicia transicional, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) reconoció formalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad internacional de Colombia por la denominada 'Masacre de Barrancabermeja', uno de los episodios más atroces del conflicto armado colombiano.
Los hechos que conmocionaron a Santander
La tragedia ocurrió la noche del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, departamento de Santander, cuando grupos paramilitares ejecutaron una incursión coordinada durante su expansión por la región oriental del país. Los hechos resultaron en el asesinato de siete personas, entre ellas un menor de edad, y la desaparición forzada de otras veinticinco víctimas, incluyendo dos niñas y una mujer.
Según testimonios recopilados por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, aproximadamente entre 30 y 50 hombres armados ingresaron en tres vehículos al occidente de la ciudad alrededor de las 8:30 de la noche. Los paramilitares, portando armas de fuego, machetes y otras armas blancas, se desplazaron por diversos puntos urbanos advirtiendo que intensificarían su presencia y que cualquier señal de cercanía con la guerrilla sería castigada con la muerte.
El episodio en la cancha de fútbol
Uno de los momentos más traumáticos ocurrió cuando los paramilitares irrumpieron en una cancha de fútbol donde se desarrollaba un bazar comunitario con más de cien personas presentes. Testigos relataron cómo los armados seleccionaron víctimas específicas, golpearon y apuñalaron a varios asistentes.
"Después de haberle dado la vuelta a la cancha, los paramilitares escogieron algunas personas y las obligaron a seguirlos hasta los camiones", documentó la Comisión. "Una de las personas escogidas, Pedro Julio Rondón, no quiso subirse al camión y por haber resistido, un miembro del grupo paramilitar lo degolló delante de todas las personas reunidas allí".
Omisiones estatales y coordinación con paramilitares
La Agencia de Defensa del Estado explicó que "los avances judiciales y los hallazgos institucionales acumulados han permitido al Estado reconocer su responsabilidad internacional por acción, derivada de la inacción deliberada y coordinada de agentes estatales frente a los hechos".
Investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recopilaron evidencias sobre la coordinación entre paramilitares e integrantes de la Fuerza Pública, sustentada en:
- Testimonios de víctimas y sobrevivientes
- Versiones de exparamilitares
- Documentos oficiales
- Informes de organizaciones sociales
La CIDH determinó que entre los atacantes había individuos que portaban uniformes del Ejército y del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), señalando una clara complicidad estatal.
Falta de investigación efectiva e impunidad prolongada
En su informe de fondo de julio de 2021, la Comisión Interamericana concluyó que en Colombia "no se siguió una línea de investigación efectiva que estuviera destinada a vincular a todas las personas responsables, incluyendo a autores materiales e intelectuales". Agregó que existió "una clara falta de debida diligencia en la investigación", perpetuando así la impunidad en el caso.
La CIDH formuló varias recomendaciones que el Estado colombiano podía acoger antes de que el asunto fuera elevado al tribunal interamericano. Sin embargo, según la Agencia de Defensa del Estado, Colombia solicitó hasta once prórrogas para atender los requerimientos planteados, sin cumplir satisfactoriamente con las acciones sugeridas.
Reconocimiento histórico ante la Corte IDH
Ante el incumplimiento de las recomendaciones, la Comisión decidió remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se adelantara un juicio sobre la responsabilidad estatal. Finalmente, este 12 de febrero de 2026, durante una audiencia ante la Corte IDH, el Estado colombiano a través de la Andje reconoció formalmente su responsabilidad internacional.
El Estado manifestó que "del análisis probatorio se desprende que las víctimas tienen razón y que los hechos mencionados por ellas son verdad", afirmación sustentada, entre otros elementos, en el Informe Final de la Comisión de la Verdad.
Este reconocimiento marca un precedente significativo en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, estableciendo responsabilidades estatales por omisiones y posibles colaboraciones en crímenes atribuidos a estructuras paramilitares.
