Superintendencia de Vigilancia delimita sus funciones ante consultas recurrentes
En Colombia, aproximadamente 370.000 personas laboran en el sector de vigilancia privada, según datos oficiales de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, organismo técnico adscrito al Ministerio de Defensa Nacional. Esta entidad tiene como misión fundamental garantizar la legalidad y eficiencia del sector, promoviendo estándares de calidad y cumplimiento normativo.
Consultas fuera de competencia
Sin embargo, la SuperVigilancia ha identificado que muchas de las solicitudes que recibe no corresponden a sus funciones establecidas. A través de sus canales oficiales, la entidad ha precisado que no investiga hurtos, delitos ni recibe denuncias penales, tareas que corresponden a la Policía Nacional y la Fiscalía.
Entre las consultas recurrentes que no puede resolver se encuentran:
- Reclamos por robos de vehículos durante servicios de vigilancia
- Denuncias por calumnias o acusaciones falsas contra vigilantes
- Solicitudes de reconocimientos económicos por pérdidas
- Investigaciones sobre hurtos en propiedades
Marco legal y funciones específicas
De acuerdo con el Decreto 2355 de 2006, la Superintendencia ejerce control, inspección y vigilancia sobre:
- Servicios de vigilancia y seguridad en todas sus modalidades
- Transporte de valores
- Servicios de blindaje para vigilancia y seguridad
- Servicios comunitarios y especiales de seguridad
- Capacitación y entrenamiento en vigilancia privada
La superintendente delegada para el control, Kelly Johana Iturriago, explicó que la entidad no inicia procesos sancionatorios contra personas individuales, sino contra empresas que puedan resultar en suspensión o cancelación de licencias.
Acciones de verificación recientes
Como parte de su plan anual de inspecciones, la Supervigilancia realizó recientemente visitas de verificación en Bogotá, donde incautó 22 armas por trámites administrativos irregulares e incumplimiento de la normativa vigente.
Las irregularidades más comunes que identifica la entidad incluyen empresas que prestan servicios sin autorizaciones correspondientes y contratación de vigilantes sin respaldo legal adecuado.
