Las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia enfrentan una crisis operativa debido al represamiento de trámites ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Según Fedeseguridad, más de 1.300 procesos están pendientes, lo que afecta la operación, contratación y cumplimiento de contratos públicos y privados.
Impacto en el empleo y la operación
Raquel Garavito, presidente ejecutiva de Fedeseguridad, señaló que el problema se ha agravado en los últimos cuatro años. “Todas las empresas de seguridad del país se están viendo afectadas por la falta de respuesta de las entidades del Estado”, afirmó. El sector genera cerca de 400.000 empleos y aporta el 1,6% del PIB, operando en puertos, aeropuertos, hospitales, centros comerciales y más.
Uno de los mayores impactos es la acreditación del personal operativo. El 65% de los trámites represados corresponden a este proceso, indispensable para asignar vigilantes a puestos de trabajo. “Tú no puedes poner un vigilante si esa cédula no está acreditada”, explicó Garavito. Actualmente, hay 811 trámites represados solo en acreditaciones de personal, lo que pone en riesgo la estabilidad de las empresas.
Demoras que frenan la generación de empleo
Las demoras están limitando la contratación en un sector que históricamente ha sido puerta de entrada laboral. Muchas empresas han reducido contrataciones por la imposibilidad de habilitar nuevos trabajadores. “Supuestamente lo que queremos es generar empleo en Colombia, y este tipo de empresas tienen fácil acceso para el primer empleo”, dijo Garavito.
Además de las acreditaciones, hay retrasos en blindaje de vehículos, permisos de armas, medios caninos y apertura de sucursales. De los trámites represados, 776 tienen más de tres meses, cerca de 300 más de un año, 80 más de dos años y 25 superan los tres años de espera.
Empresas sancionadas pese a cumplir requisitos
Garavito advirtió que las demoras generan un incumplimiento normativo inducido por el Estado. Las empresas presentan la documentación a tiempo, pero la falta de respuesta oficial las expone a sanciones administrativas. “La Supervigilancia exige que las empresas tengan todo al día, pero la misma Supervigilancia no les ha permitido tener las cosas al día”, indicó.
Las sanciones incluyen multas millonarias, suspensión de licencias y cierre de operaciones. En el caso de permisos de armas, las demoras derivan en incautaciones por vencimiento de documentos, generando impactos financieros y operativos. “Están llevando a que las empresas tengan números negativos”, afirmó.
Demanda creciente de seguridad privada
Paralelamente, el deterioro de la seguridad ha incrementado la demanda de vigilancia privada. Garavito indicó que las compañías reportan más solicitudes de cotizaciones para fortalecer esquemas de protección. “En Bogotá hay 11 vigilantes por un policía; en Medellín, cinco por uno; el promedio nacional es de 2,5 a 1”, señaló.
La vigilancia privada se ha vuelto un apoyo relevante para la seguridad pública, operando en puertos, aeropuertos, hospitales, colegios y obras públicas. Fedeseguridad presentó comunicaciones formales ante la Procuraduría y la Contraloría para advertir sobre la situación. Sobre un supuesto robo de bases de datos, Garavito aclaró que no corresponde a empresas afiliadas a Fedeseguridad.
