Las declaraciones de la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, a diferentes medios de comunicación siguen generando un fuerte remezón político en Colombia. En sus declaraciones, la funcionaria cuestionó la asignación de un esquema de seguridad a Juliana Guerrero, quien —según afirmó— tendría influencia en el Gobierno sin ocupar un cargo oficial. Rodríguez aseguró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) actuó con rapidez para otorgar medidas de protección a Guerrero, pese a que no habría evidencias claras de amenazas. “Fue rapidito para sacarle las medidas sin ser funcionaria pública”, afirmó, generando dudas sobre los criterios aplicados.
Revelaciones sobre el esquema de protección
La polémica escaló luego de que el representante electo Daniel Briceño hiciera públicas en redes sociales supuestas características del esquema de seguridad asignado. Según sus denuncias, Guerrero contaría con tres vehículos blindados y hasta nueve escoltas, financiados con recursos públicos. “Todo esto pagado con los impuestos de los colombianos, mientras asesinan líderes sociales y aumentan los delitos”, afirmó el congresista, quien también lanzó fuertes críticas contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez. Aunque las declaraciones se viralizaron rápidamente, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si los vehículos que circulan en redes sociales corresponden realmente al esquema asignado a Guerrero.
Respuesta de la UNP
Ante la controversia, el director de la UNP salió al paso de las acusaciones y defendió la actuación de la entidad. Según explicó, el 6 de marzo de 2025 se registraron decisiones “inusitadamente veloces”, entre ellas el nombramiento de Guerrero como secretaria ejecutiva en el Ministerio del Interior. De acuerdo con su versión, ese mismo día la propia Angie Rodríguez solicitó medidas de protección para Guerrero, adjuntando enlaces que evidenciarían posibles riesgos en su contra. “Eso sí es bastante rapidito”, respondió el funcionario, cuestionando las declaraciones posteriores de la gerente.
Debate por uso de recursos públicos
Más allá del cruce de versiones, el caso ha abierto un debate sobre los criterios para asignar esquemas de seguridad en Colombia, especialmente cuando se trata de personas sin vinculación formal con el Estado. En redes sociales, el tema ha generado indignación y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, así como sobre la transparencia en la toma de decisiones dentro de la UNP. Mientras tanto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva controversia que pone bajo la lupa la gestión de la seguridad y la asignación de protección a personas cercanas a la administración.
Este caso ha puesto en evidencia las tensiones internas en el Ejecutivo y ha avivado el debate sobre la priorización de recursos en un país donde la seguridad de líderes sociales sigue siendo una preocupación constante. La ciudadanía espera respuestas claras y medidas que garanticen que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente.
