Detención de funcionaria penitenciaria en medio de concentración política genera alerta
La captura de una dragoneante activa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) durante un acto político en el municipio de Honda, Tolima, ha desatado una intensa polémica sobre la seguridad en eventos de campaña electoral. El operativo se desarrolló en la mañana del jueves en el sector Alto del Rosario, frente a la catedral municipal, donde se realizaba una concentración con la participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial.
El procedimiento policial que reveló el arma
Hacia las 10:40 a.m., uniformados de la Estación de Policía de Honda adelantaban planes de registro, control e identificación en los accesos al evento político. En uno de los filtros de seguridad, los agentes requirieron a una mujer de 30 años para una inspección de rutina. Durante la requisa, los policías hallaron en su bolso una pistola calibre 25 milímetros, con un cargador y cinco cartuchos útiles.
La detenida, identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano, no presentó permiso para el porte o tenencia del arma de fuego, lo que motivó su captura inmediata en flagrancia. Según las primeras versiones, la mujer aseguró que el arma pertenecía a un familiar y que la portaba debido a "la situación de inseguridad que hay en el pueblo", explicación que quedó consignada en las actuaciones oficiales iniciales.
La reacción del Centro Democrático y detalles reveladores
El Partido Centro Democrático expresó su preocupación a través de un comunicado oficial: "El Partido Centro Democrático y la campaña de Paloma Valencia Presidente expresan su preocupación por la presencia de una mujer armada durante un acto político". La colectividad agradeció la rápida intervención policial y solicitó una investigación rigurosa para esclarecer los motivos de la presencia armada en el evento.
La senadora Paloma Valencia reveló en declaraciones a Blu Radio detalles adicionales preocupantes: "La señora termina apareciendo con una pistola y un paquete de tusi". La precandidata describió el comportamiento sospechoso de la mujer, quien aparentaba grabar el evento con su celular pero miraba hacia otras direcciones, intentando avanzar entre la multitud hacia la tarima principal.
Valencia precisó que la detenida se encontraba aproximadamente a cuatro metros de los oradores principales y portaba audífonos, lo que generó interrogantes sobre posibles comunicaciones externas durante el acto político.
Antecedentes de la funcionaria y respuesta institucional
Mónica Fernanda Joven Urbano ingresó al Inpec el 3 de noviembre de 2017 y se desempeñaba como dragoneante grado 411411 en el establecimiento penitenciario La Esperanza, ubicado en Guaduas, Cundinamarca. Este centro de reclusión alberga actualmente a 2.644 personas privadas de la libertad según cifras oficiales.
El Inpec emitió un comunicado oficial rechazando categóricamente los hechos y aclarando que la funcionaria se encontraba en período de vacaciones durante el evento, no en actos de servicio. La institución subrayó que la asistencia al acto político fue "estrictamente personal, individual y ajena a cualquier función, misión o instrucción institucional del Inpec".
La entidad confirmó que la empleada está adscrita a la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, condición que le otorga fuero sindical. Simultáneamente, el Inpec anunció la apertura de actuaciones administrativas y disciplinarias para esclarecer lo ocurrido y determinar la situación interna de la funcionaria.
Proceso legal en desarrollo y exigencias de garantías
Tras su detención, la dragoneante fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El proceso avanza en etapa de legalización de captura, a la espera de que un juez de control de garantías defina su situación jurídica respecto al presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
El Centro Democrático aprovechó el incidente para exigir al Gobierno nacional "plenas garantías para el ejercicio democrático y electoral", así como condiciones adecuadas para que las actividades políticas se desarrollen "en un ambiente de respeto, tranquilidad y estricto apego a la legalidad".
El Inpec concluyó su pronunciamiento enfatizando que no tolera conductas individuales que afecten la seguridad, la convivencia ni el buen nombre de la institución, reiterando su compromiso con la legalidad, transparencia y respeto por la institucionalidad.
