Investigaciones en EE.UU. sobre vínculos de Petro con narcotráfico generan alerta en Colombia
Revelaciones periodísticas del New York Times y la agencia Associated Press han expuesto que dos fiscales de Nueva York investigan activamente posibles vínculos del presidente colombiano Gustavo Petro con organizaciones de narcotráfico. Según estos reportes, Petro habría sido designado como "objetivo prioritario" por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.
Un historial de relaciones con el narcotráfico
Los análisis muestran un extenso historial de conexiones entre Petro y figuras del narcotráfico colombiano:
- Durante su época como concejal en Zipaquirá, la expansión del barrio Bolívar 83 fue financiada por mafiosos locales
- El cartel de Pablo Escobar habría pagado al M-19, grupo al que pertenecía Petro, para el asalto al Palacio de Justicia en 1985
- En campañas políticas recibió apoyos de conocidos narcotraficantes como "El Hombre Marlboro", "Sobrino", "Papá Pitufo" y "Pipe Tuluá"
- Utilizó aviones propiedad del narcotraficante Carlos Eduardo Restrepo Osorio para sus desplazamientos
Acusaciones durante su gobierno
Las denuncias se han intensificado durante su presidencia:
- Su hermano, Juan Fernando Petro, ha sido acusado de exigir dinero a narcotraficantes para incluirlos en los acuerdos de "paz total" y evitar su extradición
- Según confesiones familiares, Petro habría ganado las elecciones mediante el llamado "Pacto de la Picota"
- Las políticas de su gobierno han sido sistemáticamente favorables a organizaciones criminales
Políticas gubernamentales cuestionadas
El gobierno de Petro ha implementado medidas que beneficiarían directamente a narcotraficantes:
- Suspensión de la erradicación manual forzada de cultivos ilícitos
- Promoción de asambleas cocaleras financiadas con recursos estatales
- Presentación de proyectos de ley para legalizar fortunas de origen ilícito
- Suspensión de órdenes de captura y procesos de extradición
- Liberación de capos narcotraficantes y otorgamiento de espacios públicos para sus discursos
- Restricciones a la Fuerza Pública para enfrentar a grupos criminales
- Presunta infiltración del sistema de inteligencia estatal
Resultados devastadores en cifras
Las consecuencias de estas políticas son evidentes en las estadísticas oficiales:
A 31 de diciembre de 2023, Colombia registraba 253.000 hectáreas de cultivos de coca, con una producción de 2.664 toneladas de cocaína. El porcentaje de incautaciones en relación con la producción alcanzó apenas el 28%, el peor indicador en al menos dos décadas. Además, el gobierno ha impedido que Naciones Unidas divulgue las cifras correspondientes a 2024, que presumiblemente serían aún más preocupantes.
Implicaciones políticas y de seguridad
Los analistas cuestionan si estas políticas responden únicamente a una estrategia fallida de paz o constituyen decisiones conscientes para:
- Fortalecer aliados políticos vinculados al narcotráfico
- Debilitar deliberadamente a las Fuerzas Militares y la Policía
- Utilizar el sistema de inteligencia para fines ideológicos del gobierno
El asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay, atribuido a la Segunda Marquetalia con presunta participación de "gestores de paz" vinculados a Petro, ha aumentado las preocupaciones sobre estas conexiones.
Contexto político ampliado
Las sospechas se extienden también al presidente del Senado, Iván Cepeda, quien mantendría vínculos históricos con las FARC y la Segunda Marquetalia, organizaciones profundamente involucradas en el narcotráfico. Mientras tanto, en Colombia, la Fiscalía General y la Comisión de Acusaciones enfrentan críticas por su inacción frente a estas denuncias.
Mientras las instituciones colombianas parecen mirar hacia otro lado, las investigaciones estadounidenses avanzan progresivamente, generando un cerco internacional alrededor de las presuntas conexiones entre el gobierno colombiano y el narcotráfico.
